En el papel, el Plan Escudo es una medida para reforzar la seguridad en Lima mediante patrullajes, vigilancia e inteligencia policial en puntos estratégicos. Un trabajo conjunto entre la PNP y el Ejército que explica el nombramiento de un militar y no de un policía a la cabeza del caliente Ministerio del Interior. Y un globo de ensayo que buscará extrapolarse a todo el país.
Por primera vez en mucho tiempo, un gobierno buscará conciliar a dos instituciones históricamente complejas (y a veces enfrentadas) bajo una sola consigna. Y para eso será clave la relación de Interior con el Ministerio de Defensa. En las primeras sesiones del Consejo de Ministros, el énfasis de la presidenta Keiko Fujimori ha sido claro. Y la aún incipiente colaboración entre Rafael Belaunde y César Astudillo ya ha sido comentada en los pasillos. Ambos titulares deberán hacer coincidir estrategias, lineamientos y egos. Pero las líneas directrices incluyen también al Ministerio de Justicia. Es crucial que se amplíen las unidades de flagrancia y se reforme la estructura legal que maneja la institución penitenciaria, como ya adelantó la presidenta en el discurso de 28 de julio. Para ello, queda a la espera el crucial pedido de facultades, que según los más optimistas será aprobado por la Cámara de Diputados con “muertos y heridos” hacia setiembre.
Hasta allí llega el discurso en el papel. En la realidad, los riesgos son muchos. En un extremo, que el rol de las Fuerzas Armadas sea mayormente decorativo. Sin un claro protocolo legal, ningún militar moverá un dedo por el riesgo a ser procesado. La presidenta remarcó ese tema en su mensaje a la nación de Fiestas Patrias: “Seremos implacables con quienes traicionen el uniforme. […] Quien deshonre la institución responderá ante la justicia con todo el peso de la ley”. Para algunos, esa fue una sutil toma de distancia de las iniciativas legales del ala dura de los halcones del partido, comandada por el expresidente del Congreso Fernando Rospigliosi. Y ese será justamente el riesgo opuesto: vulnerar los derechos humanos en operativos comandados por las FF. AA.
Por el lado judicial, la ausencia de una reforma integral podría causar papelones como el de la SUNIR, el organismo de fachada que creó el Gobierno de José Jerí para reemplazar el INPE. La promoción de la inversión privada (APP) en la construcción y gestión de establecimientos penitenciarios es crucial para acabar con la sobrepoblación y quebrar las mafias internas.
ESCUDO AMERICANO
El Plan Escudo está enmarcado dentro de un proyecto mayor. Y en esa línea, un tuit del ubicuo embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, marcó el tono de lo que se viene. “¡Atentos criminales! Hoy junto al Teniente General Arriola dimos la bievenida a los nuevos integrantes del equipo vetado FBI-PNP”. El flamante FBI-PNP Vetted Team reúne a efectivos de la PNP y personal del FBI (Buró Federal de Investigaciones) de Estados Unidos.
El FBI-PNP Vetted Team busca replicar experiencias de inteligencia como las del GEIN, que a fines de los ochenta recibió apoyo logístico norteamericano. Y ha trascendido que será parte de los mecanismos de cooperación entre autoridades peruanas y estadounidenses para fortalecer las capacidades de investigación y persecución del crimen organizado. Paralelamente, Washington informó sobre la creación de una nueva Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la PNP, financiada por la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y supervisada por el FBI. Ambas iniciativas se dan en el marco del mentado Escudo de las Américas (ver nota aparte).
EL ESPEJO ECUATORIANO
Así como el Plan Escudo buscará conciliar las agendas de las FF. AA. y la PNP, la cooperación norteamericana se dará en un esquema mayor de sinergia entre el Ministerio de Justicia (INPE), Defensa, Interior y la Cancillería. Más de un ministro coincide en que lo que caracteriza a este naciente gabinete Galarreta es su cooperación interministerial.
En esa línea, el rol del canciller es clave. Quienes criticaron su nombramiento por ser muy cercano a los Estados Unidos y distante de la China solo analizaron la dimensión comercial de la institución. A la luz del despliegue norteamericano en materia de inteligencia policial y cooperación tecnológica con el Perú, queda claro que su convocatoria apuntaba a consolidar el apoyo de los Estados Unidos en materia de seguridad.
Una estrategia que buscará replicar el caso ecuatoriano, donde la ayuda norteamericana viene siendo crucial en un escenario mucho más cruento que el peruano. Una táctica que se mirará en el espejo ecuatoriano, donde se busca recuperar la instalación de la base militar estadounidense Eloy Alfaro, que se fue con la llegada del correísmo (y el coincidente recrudecimiento del sicariato) en el 2019.
El nombramiento de Roberto Izurieta como nuevo embajador de Ecuador en el Perú sumará esfuerzos con ese horizonte de perspectiva. Izurieta, exasesor de Keiko Fujimori, es un cercano colaborador del presidente Daniel Noboa. Ha vivido en tierras peruanas y, además, conoce muy bien la problemática del país. Así, el escudo americano se comenzará a desplegar sobre el Perú.