El penal de Barbadillo, donde cumple prisión el expresidente Pedro Castillo, volvió a convertirse en escenario de una particular jornada de visitas. Vehículos particulares, algunos de alta gama, ingresaron al establecimiento penitenciario para trasladar a personas vinculadas al entorno político y familiar del exmandatario, según imágenes difundidas por Panorama.
Una de las escenas registradas corresponde a la llegada de la diputada Yenifer Paredes, quien acudió al penal a bordo de un Audi conducido por Mauro Gonzales. El vehículo ingresó directamente al establecimiento penitenciario mientras las cámaras del programa registraban el movimiento de visitantes.
Las imágenes muestran que, cuando el vehículo se aproximó al ingreso, se encendieron las luces altas. Paredes permaneció dentro del automóvil mientras este avanzaba hacia el penal, evitando quedar expuesta a las cámaras que se encontraban en el lugar.
Paredes es una figura conocida del entorno del expresidente Castillo. Durante el anterior Congreso fue investigada por el denominado caso Anguía y estuvo bajo prisión preventiva por una investigación relacionada con una presunta organización criminal. Ahora, como diputada, su presencia en Barbadillo plantea una pregunta distinta: ¿en qué condición y bajo qué función parlamentaria acudió a reunirse con el expresidente?
La misma interrogante alcanza a otros integrantes del actual Parlamento que fueron registrados ingresando al penal.
Visitas parlamentarias
Otro de los visitantes identificados por Panorama fue José Mercedes Castillo, actual senador y hermano del expresidente. Su ingreso se produjo también en medio del movimiento de vehículos que acudieron al establecimiento penitenciario para visitar al exmandatario.
A ellos se sumó el diputado Julián Pérez Mallqui, quien llegó al penal para visitar a Castillo. A diferencia de Paredes, el parlamentario fue registrado por las cámaras cuando asomó parte del cuerpo desde el vehículo antes de ingresar al establecimiento.
La presencia de congresistas en un establecimiento penitenciario no es, por sí misma, irregular. Los parlamentarios pueden realizar determinadas visitas vinculadas con el ejercicio de sus funciones, siempre sujetándose a las reglas de seguridad y control establecidas por el Instituto Nacional Penitenciario.
La cuestión relevante, por tanto, no es simplemente que un diputado o senador ingrese a Barbadillo, sino qué función parlamentaria concreta justificó cada visita y si esta se encontraba debidamente acreditada ante las autoridades penitenciarias.
Ese es el punto que permanece sin una explicación pública clara.
La normativa penitenciaria contempla el ingreso de autoridades y funcionarios en determinadas circunstancias, pero la condición de congresista no convierte automáticamente cualquier visita personal en una actividad oficial. Para que una visita sea considerada parte del ejercicio de una función parlamentaria debe existir una razón vinculada con las atribuciones del Congreso y cumplirse los procedimientos correspondientes.
En el caso de los congresistas que acudieron a Barbadillo, no se ha explicado públicamente qué investigación, fiscalización, comisión o diligencia parlamentaria concreta motivó sus encuentros con Castillo.
La pregunta es especialmente relevante porque Pedro Castillo no se encuentra en Barbadillo como un ciudadano que simplemente recibe visitas familiares. El expresidente cumple una condena de prisión y permanece recluido en un establecimiento penitenciario bajo administración del INPE.
Por ello, cuando un parlamentario ingresa alegando el ejercicio de sus funciones, corresponde conocer cuál es exactamente esa función.
¿Quiénes ingresan?
Las imágenes también ponen el foco en quienes acompañan a los parlamentarios.
Uno de ellos es Mauro Gonzales, quien aparece conduciendo el Audi en el que llegó Yenifer Paredes y posteriormente ingresó al establecimiento penitenciario. La presencia de asesores parlamentarios dentro de Barbadillo plantea otra cuestión que merece ser esclarecida: ¿qué actividad oficial realizaban dentro del penal y en qué calidad ingresaron?
El acceso de asesores o personal de apoyo parlamentario puede estar permitido cuando se encuentra vinculado con las funciones que corresponden a los congresistas. Sin embargo, nuevamente, la condición de asesor no explica por sí sola el motivo de una visita.
En un establecimiento penitenciario de máxima relevancia política como Barbadillo, el registro de ingresos debería permitir determinar quién entró, a quién visitó, en qué condición lo hizo y cuál fue el motivo declarado.
Más aún cuando se trata de parlamentarios que tienen entre sus atribuciones la fiscalización de entidades públicas y el control político.
La transparencia debería comenzar por ellos mismos.
El caso de Julián Pérez Mallqui añade un elemento político a la jornada. El diputado fue cuestionado anteriormente por una denuncia presentada por su pareja, quien lo acusó de agresión. En aquella oportunidad, el parlamentario rechazó las imputaciones. La denuncia, por sí sola, no constituye una condena ni permite establecer responsabilidad penal.
Ahora su aparición en Barbadillo abre una interrogante diferente: qué asunto parlamentario lo llevó hasta el lugar y cuál fue el propósito de su encuentro con Castillo. La respuesta no debería ser difícil si se trató efectivamente de una visita oficial. Una comisión investigadora, una labor de fiscalización o cualquier otra actividad parlamentaria debería poder ser identificada y explicada.
Barbadillo, visitas nocturnas
El problema aparece cuando el ciudadano solo observa vehículos entrando y saliendo de un penal, parlamentarios visitando a un expresidente condenado y asesores acompañándolos, pero no encuentra una explicación clara sobre el motivo de esas reuniones.
El Congreso tiene derecho a realizar labores de fiscalización. Los parlamentarios tienen también prerrogativas para ejercer sus funciones. Pero esas atribuciones no deberían convertirse en una zona gris en la que cualquier encuentro personal pueda presentarse como una actividad oficial sin que exista información verificable.
En el caso de Barbadillo, la pregunta es concreta: ¿qué función parlamentaria justificó estas visitas a Pedro Castillo? Hasta el momento, no se conoce una explicación pública suficiente que permita responderla. Y existe una segunda pregunta: ¿qué hacían asesores parlamentarios dentro del penal acompañando a los visitantes?
Las respuestas deberían ser transparentes, especialmente porque Barbadillo se ha convertido en uno de los principales puntos de interés político y judicial del país desde la caída del régimen de Castillo. El penal no es la casa de un congresista ni una extensión de su despacho. Es un establecimiento penitenciario administrado por el Estado y sujeto a reglas específicas de seguridad, identificación y control.
Que un vehículo sea autorizado a ingresar no significa, por sí mismo, que exista una irregularidad. Tampoco que un congresista visite a un interno significa necesariamente que haya cometido una falta. Pero cuando existen dudas sobre el propósito de una visita, la obligación de explicar corresponde precisamente a quienes ejercen cargos públicos.
En especial cuando se trata de personas que llegaron al Parlamento con la promesa de representar y fiscalizar en nombre de los ciudadanos. Las imágenes de Panorama han puesto el foco sobre una escena que podría parecer rutinaria: autos que llegan a un penal y visitantes que ingresan para reunirse con un interno. Sin embargo, detrás de esas imágenes quedan preguntas que no deberían permanecer sin respuesta.
¿Quién autorizó cada ingreso? ¿En qué condición ingresaron los parlamentarios? ¿Qué función parlamentaria ejercían? ¿Existió una comisión, diligencia o actividad de fiscalización previamente programada? ¿Por qué ingresaron asesores? ¿Y qué relación tenía cada visitante con la actividad que supuestamente se desarrollaba dentro del penal?
Son preguntas simples, pero importantes. Porque si las visitas fueron estrictamente parlamentarias, no debería existir inconveniente alguno en explicar públicamente cuál fue su finalidad. Y si fueron visitas personales, también corresponde que se precise, para evitar que las prerrogativas del cargo sean utilizadas para generar una apariencia de actividad oficial.
En un país donde la relación entre política, poder y privilegios ha sido objeto de numerosos cuestionamientos, la transparencia no puede depender de que una cámara de televisión consiga registrar un vehículo antes de que atraviese una puerta.
Barbadillo tiene controles. El Congreso tiene procedimientos. Y los parlamentarios tienen obligaciones. Ahora corresponde saber cuál fue exactamente la función que llevó a estos congresistas y asesores hasta la celda política del expresidente Pedro Castillo, puesto que antes de que sean parlamentarios ellos sí se adecuaban al horario programado.