En el primer semestre del año se ha producido una nueva y recargada temporada de acoso judicial contra la prensa desde el poder de turno. Esta arremetida viene desde varios sectores, incluso enfrentados, del poder político, económico, judicial o fáctico. Los agresores son varios e irreconciliables entre sí. Y los periodistas denunciados también pertenecen a posiciones editoriales antagónicas.
Quizá el caso más visible –que ha generado protestas unánimes de colegas, gremios periodísticos y diversos voceros de la sociedad civil– ha sido la denuncia penal del exministro del Interior Juan José Santiváñez contra Mónica Delta y el equipo de Punto Final que publicó un reportaje sobre sus actividades como funcionario público. El ahora poderoso asesor presidencial considera que grabarlo en la vía pública es acoso e incluso extorsión. Quizá no es consciente de que su umbral de privacidad, como alto funcionario público, disminuye considerablemente porque es sujeto de fiscalización y escrutinio público. Su denuncia ha unido a todo el gremio periodístico porque es un claro intento de intimidación.
Otro caso reciente es la querella de la congresista Patricia Chirinos contra Marco Sifuentes de “La Encerrona” por un comentario suelto y en tono de sorna que hizo en otra plataforma de streaming como invitado. El Poder Judicial la desestimó en primera instancia, pero ella apeló. Un tercer caso de evidente acoso judicial es el que sufre el equipo del programa Contracorriente de Willax TV –con su director, el que suscribe, y su conductor Augusto Thorndike a la cabeza– por la ONG Instituto de Defensa Legal -IDL y los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Marita Barreto. El actual presidente del IDL, el abogado Carlos Rivera Paz, ha presentado hasta seis denuncias penales contra los periodistas de Willax por diversos supuestos delitos, que van desde difamación agravada hasta violación de correspondencia, pasando por falsificación de documentos. Los denunciantes son la litigante en temas ambientales Lucila Pautrat Oyarzún de la ONG Kené, la investigada por terrorismo Jenny Romero Coro y el propio hijo del abogado denunciante Rodrigo Rivera Larco. Tres de estas denuncias han sido archivadas tanto en fiscalía como en el Poder Judicial, lo que demuestra que no tenían asidero. Sin embargo, Rivera insiste en presentar más denuncias. Incluso, sobre los mismos hechos, las supuestas cuentas millonarias offshore en dólares en paraísos fiscales de Lucila Pautrat, el presidente de IDL ha presentado dos veces la misma querella.
Por su parte los fiscales Vela y Pérez denunciaron al equipo de Contracorriente por acoso porque los esperaron en las puertas de sus casas para hacerles preguntas sobre su trabajo fiscal y patrimonio. Argumento parecido al esgrimido por Santiváñez. Marita Barreto, por su parte, ha ido más allá. En un escrito, donde trata de explicar cómo hizo para construir una casa de medio millón de dólares en Asia, califica al equipo periodístico dirigido por Paredes como “brazo mediático de una organización criminal”.
Lo mismo dijo en una charla sobre organizaciones criminales organizada por el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales de propiedad del abogado Miguel Pérez Arroyo. A todo esto se sumaría una investigación secreta iniciada por la Fiscalía de la Nación a partir de un requerimiento de información al Eficcop de la fiscal superior Fany Quispe Farfán contra periodistas de Willax imputándoles alegre e irresponsablemente investigar a fiscales por cuenta de organizaciones criminales. Los periodistas de Contracorriente han solicitado a la Defensoría del Pueblo pida explicaciones al Ministerio Público por una supuesta e ilegal “investigación secreta” contra ellos. De este rosario de denuncias penales no hemos leído un solo comunicado de los defensores de la libertad de prensa. Tampoco de los gremios periodísticos. (Carlos Paredes)
