A fin de enfrentar con mayor eficacia a la criminalidad que asola nuestro país, el Poder Judicial, que preside Javier Arévalo Vela, y la Policía Nacional dispusieron fortalecer el modelo de gestión de las Unidades de Flagrancia, iniciativa que permite dictar sentencias hasta en 72 horas.
Por ello, el doctor Arévalo Vela y el teniente general PNP del Estado Mayor, Carlos Chong Campana, y otras autoridades de la Policía, sostuvieron, esta mañana, una reunión interinstitucional, en Palacio Nacional de Justicia.
“Las unidades de flagrancia vienen dictando sentencias de manera célere. Por eso, la coordinación entre las entidades de justicia es importante para fortalecer este proyecto de lucha contra la criminalidad”, expresó la autoridad judicial.
La cita tuvo como objeto reforzar el mandato de detención y encaminar el proceso hacia las Unidades de Flagrancia para lograr una sentencia en menos de 72 horas. Además, optimizar la actuación de los operadores de justicia (jueces, policías y fiscales).
Así, se informó que, desde su implementación en julio del 2022, las unidades de flagrancia implementadas por el Poder Judicial dictaron sentencias condenatorias en 80.47% de todos los casos ingresados, siendo 25 años la mayor pena de cárcel impuesta.
Ello permitirá, en consecuencia, implementar, con los recursos pertinentes, unidades físicas de flagrancia, que funcionen de manera independiente, y la designación de operadores especializados del sistema de justicia, lo que coadyuvará a fortalecer la eficacia en la lucha contra la criminalidad.
En ese sentido, el juez supremo reiteró la necesidad de mayor presupuesto para la eficacia de las unidades de flagrancia.
“Todo proceso para combatir la delincuencia requiere recursos. No solo se trata de capturar delincuentes, sino también de equipar laboratorios y el trabajo de peritos en los procesos judiciales”, expresó la autoridad judicial.
A su vez, el teniente general PNP del Estado Mayor, Carlos Chong Campana, calificó la reunión como “fructífera” y expresó el compromiso de su institución para combatir la delincuencia.