En medio de una tendencia al aumento de la conflictividad social en el país, el informe del OCM destaca que la minería ilegal ha alcanzado dimensiones alarmantes en el Perú, superando incluso en influencia económica al narcotráfico. El reciente incidente ocurrido en la provincia de Pataz, en las instalaciones de la minera Poderosa, que dejó 10 trabajadores muertos, es una clara evidencia de la violencia extrema que se ha instalado en varias zonas del país y que está asociada a esta actividad.
Desde hace más de un año CooperAcción, mediante su reporte de Conflictos Mineros en el Perú, ha venido alertando sobre el peligroso avance de la minería informal e ilegal en diversas regiones del país. La violencia y la presión territorial que acompañan a esta actividad están en aumento en lugares como Madre de Dios, Arequipa, Puno, Apurímac, La Libertad y, de manera dramática, en zonas de frontera amazónica.
Además, el informe destaca que el 7 de diciembre se cumplió un año del gobierno de Dina Boluarte, que, según las últimas encuestas, en la actualidad apenas cuenta con un respaldo de 8% de la población. Como se recuerda, desde que asumió el cargo se desencadenó un escenario de crisis y estallido social en varias zonas del país, especialmente en el sur andino del Perú. Este movimiento, que tuvo a las zonas rurales como epicentro, tiene vinculaciones con los conflictos en los territorios con presencia de actividades extractivas como la minería.
El documento también advierte sobre un nuevo momento crítico de sequía, debido a la escasez de lluvias en diversas regiones del país. El Ejecutivo ha declarado en emergencia a 544 distritos de 14 departamentos debido al inminente peligro de déficit hídrico.
La presentación del 33° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú será este jueves 14 de diciembre, a las 8:45 a.m. en el Hotel Meliá y contará con la participación de destacados expertos como José De Echave, investigador de CooperAcción; Mirtha Villanueva, directora de Grufides; y David Velasco, director de Fedepaz.