El Gobierno aprobó una nueva medida para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios y limitar las operaciones del crimen organizado desde las cárceles. Mediante el Decreto Legislativo N.° 1742, publicado el 8 de noviembre, el Ejecutivo facultó a las Fuerzas Armadas a intervenir de manera temporal y excepcional en penales declarados en emergencia, en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional del Perú (PNP).
La disposición constituye el primer decreto legislativo aprobado por el Ejecutivo tras recibir facultades del Congreso y apunta a reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios, donde las organizaciones criminales mantienen conexiones con el exterior. Entre las nuevas funciones contempladas figuran la vigilancia de los perímetros carcelarios, el refuerzo de los controles de ingreso y el uso de tecnología para neutralizar amenazas.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que la norma busca impedir el ingreso de objetos prohibidos y desarticular las comunicaciones que permiten a los internos vinculados a organizaciones criminales continuar con sus actividades delictivas.
Fuerzas Armadas: vigilancia y control de drones
Uno de los principales alcances del Decreto Legislativo N.° 1742 es la participación del personal militar en la vigilancia perimétrica de los establecimientos penitenciarios. Esta función busca fortalecer la seguridad exterior de los penales y dificultar el ingreso de armas, sustancias ilícitas y otros elementos prohibidos.
La disposición también contempla acciones para neutralizar drones no autorizados que puedan vulnerar la seguridad de las cárceles. Estos dispositivos representan un riesgo por su posible utilización para trasladar objetos prohibidos o facilitar operaciones desde el exterior.
Además, las Fuerzas Armadas brindarán soporte logístico, tecnológico y de inteligencia para respaldar las acciones de control penitenciario. Entre las tareas previstas figura la detección de antenas ilegales y el apoyo al bloqueo de comunicaciones clandestinas utilizadas para mantener contacto con redes criminales fuera de los establecimientos.
Más de 107 mil internos y hacinamiento
La decisión del Ejecutivo se produce en medio de una profunda crisis del sistema penitenciario. Según las cifras consignadas por el Gobierno, a agosto de 2026 las cárceles del país albergaban a más de 107 mil internos, pese a contar con una capacidad instalada aproximada de 42 mil plazas.
Esta diferencia evidencia la sobrepoblación que afrontan los establecimientos penitenciarios y las dificultades para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y control.
A este escenario se suma la presencia de 494 internos vinculados a 217 organizaciones criminales, de acuerdo con la información oficial. Entre ellas figuran facciones del Tren de Aragua, cuya actividad representa un desafío adicional para las autoridades penitenciarias y policiales.
El Gobierno sostiene que estos internos requieren condiciones reforzadas de máxima seguridad y aislamiento para evitar que continúen coordinando actividades delictivas desde los centros de reclusión.
¿Qué penales están en emergencia?
El nuevo decreto complementa otras disposiciones adoptadas por el Ejecutivo para reforzar la seguridad penitenciaria. Entre ellas figura la ampliación, hasta enero de 2027, del estado de emergencia en cinco establecimientos considerados de alta peligrosidad.
Los penales comprendidos en esta medida son Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y El Milagro, en La Libertad.
La declaratoria de emergencia busca fortalecer las condiciones de control en estos establecimientos, especialmente frente a las amenazas relacionadas con las organizaciones criminales y el ingreso de objetos prohibidos.
Nuevas cárceles para descongestionar el sistema
La estrategia del Gobierno también contempla la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en Huacho, como parte de las acciones destinadas a reducir la sobrepoblación carcelaria.
Esta iniciativa apunta a ampliar la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario y mejorar las condiciones de reclusión. Sin embargo, el desafío no se limita a construir más plazas: también implica fortalecer los mecanismos de vigilancia, impedir que las bandas criminales operen desde prisión y garantizar que las medidas de seguridad se traduzcan en un mayor control efectivo de los establecimientos.
Con el Decreto Legislativo N.° 1742, el Ejecutivo incorpora a las Fuerzas Armadas como apoyo temporal y excepcional en esta tarea. El objetivo declarado es cerrar las vías de comunicación y abastecimiento que permiten a las organizaciones criminales mantener sus operaciones desde el interior de las cárceles.