La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ica y Cañete consiguió una condena de ocho años de prisión efectiva contra Anthony Bazán, acusado de amenazar de muerte a un fiscal provincial del Distrito Fiscal de Ica y exigir su renuncia a cambio de no atentar contra él ni contra su familia.
El caso se convirtió en un nuevo precedente sobre la protección de fiscales y operadores de justicia frente a actos de intimidación y violencia vinculados al ejercicio de sus funciones.
Amenazas de muerte fueron realizadas por Facebook
De acuerdo con la investigación dirigida por la fiscal provincial Anyela Salazar Alca, el ahora sentenciado utilizó redes sociales para lanzar amenazas de muerte contra el magistrado.
Según el Ministerio Público, Anthony Bazán creó un perfil falso en Facebook y difundió mensajes intimidatorios con el objetivo de presionar al fiscal para que abandonara su cargo.
Durante las investigaciones se comprobó que el condenado empleó aplicaciones de edición de audio y video, entre ellas Voice Changer y Viva Videos, para alterar su voz y dificultar su identificación.
Fiscalía presentó pruebas documentales y pericias
En el juicio oral, la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad del acusado mediante pruebas documentales, testimonios y pericias técnicas.
Las autoridades determinaron que las amenazas buscaban impedir el trabajo del representante del Ministerio Público y generar temor tanto en él como en su entorno familiar.
Además de la pena privativa de libertad, el Poder Judicial ordenó que el sentenciado pague S/ 5000 de reparación civil a favor del fiscal agraviado y S/ 2000 a favor del Estado.
Caso marca precedente en defensa de fiscales
El Ministerio Público destacó que esta sentencia representa un precedente importante para la protección de fiscales y operadores de justicia considerados defensores de derechos humanos.
La institución sostuvo que las amenazas e intimidaciones contra fiscales afectan directamente el sistema de justicia y buscan obstaculizar investigaciones y procesos judiciales.
Por ello, la Fiscalía reafirmó su compromiso de perseguir y sancionar cualquier acto de violencia o presión contra magistrados en ejercicio de sus funciones.
Crece preocupación por amenazas de muerte contra operadores de justicia
En los últimos años, distintas autoridades judiciales y fiscales han denunciado amenazas, hostigamientos y campañas de intimidación relacionadas con investigaciones penales y casos de alta sensibilidad.
Especialistas consideran que este tipo de condenas fortalecen la protección institucional y envían un mensaje frente a actos de violencia dirigidos contra quienes administran justicia.
La sentencia obtenida por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Ica y Cañete busca reforzar la defensa de la legalidad y garantizar que fiscales puedan desarrollar sus funciones sin presiones ni amenazas.