Poder Judicial logra condena para exfuncionarios por corrupción en el INIA

El Poder Judicial logra condena para exfuncionarios del sector agrario tras acreditarse direccionamiento de contrato y perjuicio al Estado.

por Edgar Mandujano

El Poder Judicial logra condena para exfuncionarios del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), tras un caso de direccionamiento de contrato vinculado a un proyecto de investigación sobre cambio climático.

La sentencia impone penas de hasta seis años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Condena por direccionamiento de contrato en el sector agrario

El proceso judicial estableció que los exfuncionarios del INIA coordinaron de manera ilegal la adjudicación de una buena pro a un consorcio específico.

De acuerdo con la investigación fiscal, el objetivo era favorecer la elaboración de un estudio técnico sobre cambio climático en el año 2015.

El caso evidenció manipulación de bases del concurso y el uso de documentos irregulares para sustentar la contratación.

Poder Judicial logra condena tras pruebas de colusión agravada

Durante el juicio se acreditó que los implicados utilizaron cotizaciones falsas de empresas sin actividad o ajenas al rubro.

Asimismo, se comprobó la entrega de pagos irregulares vinculados al proceso de adjudicación del contrato.

El tribunal concluyó que existió concertación ilícita entre funcionarios públicos y particulares para direccionar la contratación.

Reparación civil supera los S/ 140 mil

La sentencia establece el pago de una reparación civil de S/ 141 300 por el perjuicio económico causado al Estado.

Además, algunos de los sentenciados deberán asumir pagos adicionales por el uso de documentos privados falsos.

El fallo dispone que la responsabilidad sea solidaria entre los condenados.

Inhabilitación y órdenes de captura

La resolución judicial también impone la inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos.

Asimismo, se ordenó la ejecución inmediata de la pena y la ubicación de los sentenciados a nivel nacional e internacional.

El caso refuerza las acciones del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción en el sector público.

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