El Pleno del Congreso aprobó un dictamen que endurece las sanciones contra quienes ingresen celulares y equipos de comunicación a los penales del país. La nueva norma establece penas de hasta 15 años de cárcel para autoridades, abogados o funcionarios involucrados en estos delitos.
La medida busca frenar las operaciones de crimen organizado, extorsión y sicariato que continúan siendo dirigidas desde los establecimientos penitenciarios mediante el uso ilegal de celulares.
Congreso endurece penas por celulares en penales
La propuesta fue aprobada con 100 votos a favor, cero en contra y una abstención. Posteriormente, el Pleno exoneró el dictamen de segunda votación.
La iniciativa modifica el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688 para reforzar la lucha contra la criminalidad organizada en cárceles y centros juveniles.
El texto incorpora nuevas sanciones para quienes ingresen, intenten ingresar o faciliten el ingreso de celulares, sistemas de comunicación, cámaras fotográficas o equipos de filmación a establecimientos penitenciarios.
Las penas serán más severas cuando los responsables sean autoridades, abogados, servidores públicos o funcionarios del Estado.
También sancionarán posesión de celulares y armas
La norma también castigará la posesión indebida de celulares, armas, municiones, explosivos y otros materiales peligrosos dentro de los penales.
Además, se aplicarán penas agravadas cuando estos equipos sean utilizados para coordinar delitos de extorsión, amenazas o sicariato que afecten la seguridad ciudadana.
Según el Congreso, el objetivo es recuperar el control de las cárceles y evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde prisión.
INPE y Policía reforzarán control en cárceles
Otro punto importante del dictamen establece que el INPE y la Policía Nacional del Perú (PNP) implementarán nuevas medidas para detectar y prevenir el ingreso de equipos de comunicación no autorizados.
Asimismo, el INPE podrá solicitar autorización al Ministerio Público para ejecutar operativos especiales de detección y neutralización de señales ilegales dentro de los establecimientos penitenciarios.
La propuesta también refuerza las obligaciones de las empresas operadoras de telecomunicaciones para bloquear comunicaciones ilegales provenientes de cárceles.
Congreso advierte aumento de extorsiones
Durante el debate, diversos congresistas alertaron sobre el incremento de casos de extorsión y crimen organizado en el país.
La congresista María del Carmen Alva indicó que solo hasta agosto del 2025 se registraron más de 18 mil denuncias por extorsión, cifra que representa un incremento cercano al 30 % respecto al año anterior.
Además, recordó que entre julio y diciembre del 2025 el INPE incautó más de 950 celulares y 1 400 accesorios durante operativos penitenciarios.
Por su parte, el congresista Alejandro Muñante señaló que el uso de medios de comunicación no autorizados dentro de las cárceles dejará de ser considerado solo una falta administrativa y pasará a convertirse en delito.
Buscan frenar operaciones criminales desde prisión
El presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz Mamani, afirmó que las cárceles no pueden continuar funcionando como centros de operaciones criminales.
Indicó que muchos delitos de extorsión, amenazas y sicariato siguen siendo coordinados desde los penales mediante celulares y equipos de telecomunicación.