La Primera Fiscalía Provincial de Familia de Santa Anita inició una investigación tutelar por un presunto caso de violencia sexual en agravio de un niño de 10 años, ocurrido en una institución educativa privada ubicada en el distrito de Ate.
La Fiscalía informó que las diligencias buscan esclarecer los hechos denunciados y garantizar la protección integral del menor, conforme a los protocolos establecidos para casos que involucran a niños, niñas y adolescentes.
Fiscalía dispone primeras diligencias
La investigación está a cargo del fiscal provincial Rubén Darío Narrea Huamaní, quien dispuso una serie de actuaciones para determinar las circunstancias del caso y preservar los elementos de prueba.
Entre las medidas ordenadas figura la recopilación de los registros de las cámaras de seguridad del centro educativo, así como la revisión de la documentación vinculada con los estudiantes involucrados en la investigación.
Asimismo, se recibirá la declaración de la madre del menor denunciante y la entrevista única de la presunta víctima mediante cámara Gesell, procedimiento especializado que permite recoger el testimonio de niños y adolescentes en un ambiente adecuado, evitando su revictimización.
Declaraciones y recopilación de información
Como parte de las diligencias preliminares, la Fiscalía también tomará la declaración de la directora de la institución educativa y de los estudiantes involucrados, respetando las garantías y procedimientos previstos para menores de edad.
Las autoridades no han difundido la identidad de los niños ni información que permita identificarlos, en cumplimiento de las normas de protección de la infancia y de la reserva que exige este tipo de investigaciones.
Investigación bajo reserva
El Ministerio Público recordó que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que las diligencias tienen como finalidad esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, siempre respetando el debido proceso.
Asimismo, reiteró que en los casos relacionados con presunta violencia sexual contra menores de edad la prioridad es garantizar la protección de las víctimas, preservar su integridad física y emocional, y evitar cualquier forma de revictimización durante las actuaciones fiscales.
La Fiscalía indicó que continuará desarrollando las diligencias necesarias antes de adoptar las decisiones que correspondan conforme al marco legal vigente.