Poder Judicial endurece su política anticorrupción y adopta reglas para el uso de la inteligencia artificial

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, presentó tres instrumentos para reforzar la integridad institucional, prevenir el soborno y establecer criterios éticos para el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia.

por Edgar Mandujano

Con un mensaje de "tolerancia cero" frente a la corrupción, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, presentó tres instrumentos destinados a fortalecer la integridad institucional, prevenir prácticas de soborno y establecer lineamientos para el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) en la administración de justicia.

Durante una ceremonia realizada este martes 7, la magistrada Janet Tello sostuvo que su gestión busca consolidar una cultura basada en la ética, la transparencia y la innovación tecnológica, al tiempo que advirtió que quienes incumplan estos principios deberán asumir las consecuencias.

"Quienes no respeten estos mandatos, principios y valores tendrán que dar un paso al costado y responder por sus actos. Nadie está exento del cumplimiento de la ley", afirmó Tello al reafirmar la política institucional de combatir cualquier forma de corrupción dentro del sistema judicial.

Tres herramientas para fortalecer la integridad

La presidenta del Poder Judicial presentó tres documentos que marcarán la estrategia institucional en materia de prevención de la corrupción y modernización del servicio de justicia.

El primero es el Manual de Buenas Prácticas en Materia de Lucha contra la Corrupción, concebido como una guía para identificar experiencias exitosas, sistematizar estándares internacionales y fortalecer los mecanismos de prevención dentro de la administración de justicia.

El segundo instrumento es el Código Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Judicial, aprobado en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que establece principios para garantizar que el desarrollo tecnológico respete los derechos fundamentales, la independencia judicial y el control humano sobre las decisiones jurisdiccionales.

Finalmente, la institución presentó la Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Poder Judicial en Lenguas Originarias, traducida a ocho idiomas indígenas con el propósito de ampliar el acceso a la justicia y acercar las políticas de integridad a comunidades históricamente excluidas.

Janet Tello: la integridad, más allá de los documentos

Durante su intervención, Janet Tello subrayó que las nuevas herramientas solo tendrán impacto si se convierten en parte de la práctica diaria de jueces, juezas y trabajadores del sistema judicial.

"La integridad no está en un documento, sino en la manera en que atendemos a un ciudadano, en la independencia con que resolvemos un caso y en la transparencia con la que ejercemos nuestras funciones", señaló.

Añadió que cada decisión adoptada con honestidad fortalece la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y contribuye a recuperar la legitimidad del Poder Judicial.

Inteligencia artificial bajo control humano

Uno de los anuncios más relevantes fue la incorporación del Código Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Judicial, un instrumento que fija criterios para la utilización de tecnologías basadas en IA dentro de los sistemas de justicia.

Según explicó Tello, el documento reconoce que la innovación tecnológica debe mantenerse subordinada a la dignidad humana, los derechos fundamentales y la independencia de jueces y juezas.

La presidenta enfatizó que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo para mejorar la eficiencia del sistema judicial, pero nunca debe sustituir el criterio jurídico de los magistrados.

"La tecnología siempre debe estar al servicio de la justicia y de la persona humana, preservando la independencia judicial y el control humano sobre las decisiones", sostuvo.

Política antisoborno en lenguas originarias

Otro de los aspectos destacados fue la traducción de la Política de Gestión Antisoborno del Poder Judicial a ocho lenguas originarias: quechua en sus variedades Áncash, chanka y Cusco-Collao; aimara; asháninka; awajún; shipibo-konibo y ticuna.

La medida busca facilitar que las comunidades indígenas conozcan los principios institucionales relacionados con la transparencia y la prevención de la corrupción.

Para la titular del Poder Judicial, este esfuerzo representa un paso hacia una justicia más inclusiva y accesible.

"La lucha contra la corrupción también debe hablar el lenguaje de las comunidades. Traducir nuestras políticas significa acercar la justicia a quienes históricamente han permanecido al margen de la administración pública", afirmó.

Alineamiento con estándares internacionales

El juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra señaló que el fortalecimiento de la ética pública, la incorporación responsable de la innovación tecnológica y la prevención de la corrupción forman parte de una misma estrategia institucional.

Indicó que las iniciativas presentadas responden a estándares internacionales y a los compromisos asumidos por el Estado peruano en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante la ceremonia también participaron representantes de organismos internacionales y especialistas extranjeros. La encargada de negocios de la Unión Europea en el Perú, Narcisa Vladulesco, destacó que la lucha contra la corrupción debe centrarse no solo en sancionar conductas ilícitas, sino también en construir una cultura de integridad mediante mecanismos de prevención, transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, magistrados de España y representantes del Ministerio de Cultura valoraron la incorporación de estándares éticos para el uso de la inteligencia artificial y la traducción de las políticas institucionales a lenguas originarias, iniciativas que el Poder Judicial considera parte de su estrategia para modernizar el servicio de justicia sin perder de vista los principios de independencia, transparencia y acceso igualitario para todos los ciudadanos.

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