Los familiares de los fallecidos y heridos durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, han formado la “Organización Nacional de Mártires y Víctimas” para pedir que se haga justicia por los 49 civiles muertos a manos de la Policía y las Fuerzas Armadas entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
Los deudos de los caídos en Ayacucho, Cusco, Puno, La Libertad, Apurímac y Junín buscan reunirse con el fiscal de la Nación, Juan Villena, para conocer sobre el avance de las investigaciones. Mientras tanto, ya pudieron conversar con el coordinador del Equipo Especial de Fiscales para casos de Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), Luis Valdivia, quien se ha comprometido a informarles oportunamente sobre la evolución de las pesquisas.
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Los abogados de las víctimas han informado que en casi todas las carpetas fiscales hay jefes policiales y militares investigados e incluso, ya se habría identificado a los ejecutores materiales de los asesinatos.
Cabe señalar que los abogados Gloria Cano y César Quispe Calsín, adelantaron a CARETAS que las investigaciones de las muertes de Ayacucho y Puno podrían formalizarse este año.
