La informalidad en el transporte público continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades. Entre enero y mayo de 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú (PNP) detectaron a 1064 conductores que prestaban servicios de transporte de pasajeros sin contar con la licencia correspondiente.
Las intervenciones se realizaron en el marco de operativos inopinados desplegados en distintos puntos de Lima Metropolitana y el Callao, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y proteger a los usuarios que utilizan diariamente taxis y vehículos de transporte convencional.
Los resultados evidencian que aún persisten prácticas informales que ponen en riesgo la integridad de miles de pasajeros.
Más de mil conductores sin licencia adecuada
Según el balance presentado por la ATU, los 1064 conductores intervenidos no contaban con el brevete exigido para brindar servicio de transporte público o simplemente carecían de licencia de conducir.
Las autoridades recordaron que manejar un vehículo destinado al transporte de pasajeros sin la categoría correspondiente constituye una infracción grave y representa un riesgo para la seguridad de los usuarios.
La normativa vigente establece sanciones económicas para quienes incurran en esta falta, además de medidas complementarias como el internamiento del vehículo en depósitos autorizados.
El objetivo de estos controles es garantizar que quienes transportan pasajeros cumplan con los requisitos mínimos de capacitación y habilitación establecidos por ley.
Más de 2500 vehículos fueron enviados al depósito
Como resultado de las acciones de fiscalización, la ATU informó que un total de 2558 vehículos fueron internados en depósitos por cometer distintas infracciones relacionadas con el transporte público.
Entre las faltas más recurrentes se encuentran la prestación del servicio sin autorización, el incumplimiento de rutas establecidas y la realización de transporte informal bajo la modalidad de colectivo.
Las autoridades señalaron que estas prácticas afectan el ordenamiento del sistema de transporte y generan competencia desleal frente a los operadores formales.
Asimismo, indicaron que los operativos continuarán desarrollándose de manera permanente para combatir la informalidad en las principales vías de la capital.
Vehículos antiguos podrían ser enviados al chatarreo
Uno de los datos que más llamó la atención durante las intervenciones fue la antigüedad de varias unidades retiradas de circulación.
Del total de vehículos enviados al depósito, 439 tienen más de 30 años de antigüedad y circulaban en condiciones consideradas deficientes por los inspectores.
Según la ATU, estas unidades representan un riesgo para conductores, pasajeros y peatones debido a su deterioro mecánico y estructural.
Por ello, muchas de ellas podrían ingresar al proceso de chatarreo obligatorio, mecanismo que busca retirar definitivamente de circulación vehículos que ya no cumplen con condiciones mínimas de seguridad.
La medida forma parte de los esfuerzos orientados a modernizar el parque automotor y reducir los riesgos asociados al transporte informal.
También detectaron vehículos sin SOAT ni revisión técnica
Los operativos realizados durante los primeros cinco meses del año también permitieron identificar otras infracciones vinculadas a la seguridad vial.
La ATU informó que 535 vehículos circulaban sin contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, requisito indispensable para operar legalmente en el país.
Además, otras 509 unidades carecían del Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), documento que acredita que el vehículo cumple con las condiciones mecánicas necesarias para circular.
La ausencia de estos documentos incrementa significativamente los riesgos para los usuarios y limita la capacidad de respuesta ante eventuales accidentes de tránsito.
Millonaria deuda por multas impagas
Otro aspecto detectado durante las fiscalizaciones fue la acumulación de sanciones económicas pendientes de pago.
De acuerdo con la ATU, 909 vehículos intervenidos registran multas impagas que superan los 46 millones de soles.
Las autoridades consideran que esta situación refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normas de transporte.
La entidad también destacó que muchos de estos vehículos continúan operando pese a registrar antecedentes por infracciones reiteradas.
Más de 4700 actas durante el estado de emergencia
Las cifras corresponden a los 394 operativos de fiscalización ejecutados por la ATU en coordinación con la PNP durante los primeros cinco meses del año.
Como resultado de estas intervenciones, se impusieron 4701 actas de fiscalización. Del total, 3585 estuvieron relacionadas directamente con casos de informalidad en el transporte.
La entidad señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para mejorar la seguridad en el transporte público y reducir los riesgos para los pasajeros.
Asimismo, reiteró que continuará trabajando junto a otras instituciones para retirar de circulación a conductores y vehículos que incumplen las normas vigentes.
La meta, según indicó la ATU, es avanzar hacia un sistema de transporte más seguro, ordenado y eficiente para millones de usuarios de Lima y Callao.