Una jueza federal de Estados Unidos anuló la suspensión de los trámites de visas para residencia permanente que la administración de Donald Trump había impuesto a ciudadanos de 75 países. La decisión representa un nuevo revés judicial para la política migratoria del mandatario.
El fallo fue emitido el viernes por Jeannette Vargas, jueza de un tribunal federal de Nueva York, quien determinó que la medida era “contraria a la ley” y excedía la “autoridad legal” del secretario de Estado, Marco Rubio. El gobierno estadounidense todavía puede apelar la resolución.
Justicia de EE. UU. da revés a orden de Donald Trump
La política cuestionada entró en vigor el 21 de enero y suspendió la tramitación de visas de inmigrante, aquellas destinadas a personas que buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos. La medida no afectaba a las visas de no inmigrante, utilizadas para estancias temporales.
Entre los países afectados figuraban Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen. El Departamento de Estado justificó la decisión con el argumento de que los ciudadanos de esos países podían representar un “alto riesgo” de dependencia de la asistencia social o convertirse en una carga para las finanzas públicas.
Sin embargo, Vargas consideró indebido que los funcionarios consulares rechazaran solicitudes únicamente por el país de origen del interesado. Según el fallo, esa política podía afectar incluso a personas que cumplían con los demás requisitos establecidos para obtener una visa de inmigrante.
¿Qué visas quedaron afectadas por la medida migratoria?
La disposición anulada se concentraba en las visas de inmigrante, que permiten a un extranjero avanzar hacia la residencia permanente en Estados Unidos. Por ello, su alcance era distinto al de las visas de no inmigrante, destinadas a visitas, estudios, trabajo temporal u otras estadías limitadas.
La jueza estableció que la política no podía utilizar el origen nacional como único motivo para denegar una solicitud cuando el interesado cumplía con las demás condiciones exigidas por las autoridades estadounidenses.
A partir del fallo, cualquier denegación de visa sustentada exclusivamente en esta política queda revocada. La administración de Trump tiene la posibilidad de recurrir la decisión ante una instancia superior.
Trump enfrenta nuevos límites judiciales a su política migratoria
La decisión se suma a otros fallos que han limitado algunas de las principales medidas migratorias impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Su administración ha priorizado las deportaciones de inmigrantes indocumentados y también ha endurecido las condiciones para la entrada legal de extranjeros.
A principios de junio, un juez federal anuló la tasa de US$100.000 para determinadas visas de trabajo utilizadas de manera habitual por profesionales del sector tecnológico. La medida había generado cuestionamientos por el impacto que podía tener sobre trabajadores extranjeros y empresas.
A finales de junio, la Corte Suprema también anuló un decreto firmado por Trump durante el primer día de su segundo mandato que buscaba eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. El mandatario había presentado esa iniciativa como una medida contra la inmigración ilegal.