Un grupo multidisciplinario de expertos del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) presentó hoy un informe con 10 propuestas clave para abordar los desafíos de la pequeña minería y minería artesanal en Perú. El documento es el resultado de siete meses de trabajo y busca contribuir a la formulación de una nueva ley para el sector, así como establecer una narrativa más precisa y justa sobre esta actividad económica.
¿Por qué se propone transformar el sector?
La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) constituye una fuente vital de empleo e ingresos para miles de familias en todo el país. Sin embargo, este sector enfrenta desafíos como la falta de formalización, el impacto ambiental negativo y las difíciles condiciones laborales. Estos problemas han generado un debate sobre cómo se puede mejorar el sector sin sacrificar los medios de vida de quienes dependen de él.
El informe comienza destacando la necesidad de distinguir entre la pequeña minería y minería artesanal formalizada o en proceso de formalización, la minería ilegal y aquella infiltrada por el crimen organizado. Los autores señalan que, a pesar de décadas de debate público, aún persiste una confusión mediática que tiende a equiparar toda la pequeña minería con actividades ilegales.
Las diez propuestas
La primera recomendación busca la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) para integrar a los mineros en el marco legal y regulatorio. Sin embargo, este proceso debe ser accesible y comprensible, eliminando barreras burocráticas que actualmente impiden a muchos mineros obtener las licencias necesarias. “Esto, por ejemplo, podría darse a través de la apertura de una línea telefónica (Aló Minero) que resuelva dudas a nivel nacional sobre formalización”, sugiere el informe.
Otra propuesta es mejorar la articulación entre los distintos organismos estatales involucrados. “Los gobiernos regionales y las entidades del Estado que participan en el proceso de formalización deben manejar los mismos mapas y georreferenciaciones para evitar que los IGAFON y los IGAS ya aprobados se superpongan con otras solicitudes en trámite”, señala.
El informe también propone reformar el ordenamiento institucional vigente para que incorpore incentivos que faciliten la formalización. Recomienda que el Estado apoye al sistema financiero formal en la creación de créditos e instrumentos financieros para la pequeña minería en su conjunto.
Además, aboga por el reconocimiento de pallaqueras (mayoritariamente mujeres que seleccionan mineral de los desmontes) y cachorreros (trabajadores mineros pagados en especie) dentro de la categoría legal de la ‘minería tradicional’. “De ser omitidos por la legislación, corren el riesgo de continuar en la informalidad”, se advierte.
Incentivos para la formalización y mejores mecanismos
Un punto crítico abordado es la necesidad de incentivar los contratos de explotación entre titulares de concesiones mineras y pequeños mineros. El documento revela que “cerca del 90% de los pequeños mineros y mineros artesanales registrados en el actual proceso de formalización no son titulares de las concesiones en que trabajan”. Se sugieren medidas como facilidades tributarias y exoneraciones de pagos, lo cual podría ayudar a resolver conflictos y prevenir invasiones futuras.
El informe hace un llamado a fortalecer los mecanismos de control sobre la cadena de valor y comercialización del oro. Se señala una brecha en las estadísticas del sector: desde 2003, el volumen de exportación de oro supera al de la producción nacional declarada. Entre 2013 y 2022, se estima una pérdida anual de más de 700 millones de dólares en impuestos por 50 toneladas de oro no registradas, valoradas en 2356 millones de dólares.
Para abordar este problema, se propone reglamentar y mejorar el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo), integrándolo a un sistema de trazabilidad que permita identificar el origen, lugar de procesamiento y canales de venta final del oro en tiempo real.
Estrategias para combatir la minería ilegal
Una sección del informe está dedicada a abordar la alarmante expansión de la minería ilegal y su infiltración por el crimen organizado en amplias zonas del país, especialmente en la Amazonía. Se recomienda recuperar el orden interno a través del control territorial de las zonas afectadas por la minería ilegal, intensificar las operaciones e inteligencia para capturar a los líderes criminales, implementar mecanismos contra la corrupción, así como cerrar brechas sociales y económicas.
El documento también sugiere revisar y derogar algunas de las recientes leyes aprobadas por el Congreso que, debido a sus posibles impactos, podrían estar favoreciendo a la criminalidad organizada. También subraya la importancia de que los pequeños mineros, tanto los ya formalizados como aquellos en proceso de formalización, se distancien de manera decisiva de la minería ilegal, especialmente de aquella vinculada al crimen organizado.
Finalmente, se destaca la importancia de la colaboración internacional para enfrentar las redes criminales transnacionales involucradas en la minería ilegal. Se cita como ejemplo positivo el reciente «Acuerdo de Resolución contra la Delincuencia Organizada Internacional», aprobado en Lima por el Consejo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en enero de 2024.
Sobre el informe
Los autores del informe, que incluyen a ex funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, consultores especializados y representantes de organizaciones de la sociedad civil, confían en que estas propuestas contribuirán significativamente a la formulación de políticas públicas más efectivas para el sector de la pequeña minería y minería artesanal en Perú.