El Tribunal Constitucional analizará el próximo 9 de junio el hábeas corpus de Ollanta Humala, recurso con el que el expresidente busca dejar sin efecto la condena de 15 años de prisión que cumple por lavado de activos.
La audiencia podría marcar un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más relevantes de la política peruana de los últimos años.
Actualmente, Humala permanece recluido tras la sentencia emitida por el Poder Judicial por los aportes económicos vinculados a su campaña presidencial de 2006.
Defensa busca anular la condena
La defensa del exmandatario sostiene que los aportes a campañas políticas no pueden ser considerados automáticamente como lavado de activos.
Por ello, solicita que el Tribunal Constitucional revise la sentencia y disponga su libertad.
El abogado Wilfredo Pedraza ha señalado que existen criterios judiciales recientes que respaldarían esta posición y que deberían aplicarse también en el caso de Humala.
Caso Cócteles es parte de los argumentos
Uno de los principales fundamentos del recurso está relacionado con las decisiones adoptadas en el denominado Caso Cócteles.
La defensa argumenta que los criterios utilizados en ese proceso deben ser considerados bajo el principio de igualdad ante la ley.
Según los abogados, mantener la condena mientras otros casos similares han seguido un camino distinto genera una situación que merece ser revisada por el TC.
Una decisión con impacto político
La resolución que adopte el Tribunal Constitucional será seguida con atención por diversos sectores políticos y jurídicos.
Una eventual decisión favorable podría reabrir el debate sobre el financiamiento de campañas electorales y los alcances del delito de lavado de activos en el Perú.
Por el contrario, si el recurso es rechazado, la condena impuesta al expresidente continuará vigente.
La evaluación del hábeas corpus de Ollanta Humala será uno de los temas judiciales más importantes de los próximos días. El Tribunal Constitucional deberá decidir si existen fundamentos para revisar la condena de 15 años de prisión impuesta al exmandatario por lavado de activos.