Entrevista y foto: RODRIGO CHILLITUPA TANTAS
Las graves irregularidades en las elecciones generales del 12 de abril han generado un escenario incierto. No se sabe quiénes serán los candidatos que disputen la segunda vuelta. Incluso existe la posibilidad de que no se realice el balotaje si todo concluye en una anulación total decretada por el Jurado Nacional de Elecciones. En medio de este contexto, CARETAS entrevistó al expresidente Francisco Sagasti, quien acaba de publicar la segunda edición de su libro Incertidumbre: cinco ensayos para entender nuestro tiempo (Planeta, 2024). Una publicación propicia para entender el actual panorama electoral.
¿Vivimos una prolongación de la incertidumbre política iniciada en el 2021?
Sí, estamos viviendo una época de incertidumbre en nuestro país. Sobre todo, desde 2016, donde un partido logró una mayoría abrumadora en el Congreso e introdujo una serie de cambios y dificultades. Y eso es lo que estamos viviendo ahora con una fragmentación política. 36 partidos que presentan candidatos a las elecciones generales. Trazo una diferencia muy clara entre lo que sucedió en 2021 con las elecciones en las cuales teníamos dos de las tres autoridades electorales que siguen siendo las mismas. No tuvimos ningún problema logístico. Por eso me sorprende un poco la incertidumbre que han generado estas fallas administrativas muy serias que se han dado en la organización de las elecciones por parte de la ONPE.
¿Le preocupa que estas elecciones generales se puedan anular?
La única forma en que podrían anularse las elecciones es que en la segunda vuelta tengamos dos tercios o 60 % de los votos nulos, blancos o viciados. No creo que eso suceda, pero eso sería la única forma en la cual, de acuerdo a las normas vigentes de las leyes electorales, podría anularse una elección.

¿Dejamos una imagen lamentable en el extranjero con una elección general de dos días?
No sé qué es lo que pasó por la mente de las autoridades electorales. Lo que sí le puedo decir es que existe una responsabilidad clara de las autoridades electorales, particularmente de la ONPE. Pero también de una manera indirecta es una responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Congreso. Nosotros hemos visto durante los últimos meses cómo es que les han estado regateando fondos a las instituciones electorales. El Congreso pasó unas leyes electorales realmente absurdas que nos han llevado a tener 36 partidos y alrededor de 33 a 34 candidatos presidenciales.
¿Qué lectura tiene sobre el hecho de que los candidatos presidenciales saquen 10 % y pasen a la segunda vuelta?
En primer lugar, es un reflejo de la fragmentación política producto de las leyes que ha aprobado este Congreso. Recordemos que se rechazaron las propuestas de reforma electoral que hubieran reducido el número de candidatos a través de las primarias obligatorias y simultáneas. Al no hacer eso, lo que hemos visto claramente es una proliferación. En segundo lugar, lo que vemos es que quien termina siendo elegido para pasar a la segunda vuelta, como usted ha dicho, tiene un rechazo de por lo menos el 80 %, 83 %, 85 % de la ciudadanía. ¿Qué se hace ante esto? Obliga a escuchar a la ciudadanía. Quien tome la presidencia tendrá que ser consciente de que un 83 % del electorado en la primera vuelta, en un caso, o un 85 %, 87 % en otros casos, no votó por ellos.
Ahora vemos que si los resultados no son del agrado de algún sector político se piden nuevas elecciones. ¿Se perdió la tolerancia ante la derrota?
Perdón, esos no son todos. Han sido uno, máximo dos. La mayoría de los peruanos y las peruanas están interesados en que se sigan las normas electorales de una manera limpia y abierta. Un grupo de exaltados y violentos son los que están generando este disturbio. La gran mayoría de los ciudadanos en nuestro país no piensa de esa manera ni actúa así.
¿El país quedará más dividido después de estas elecciones?
No estoy tan seguro. Depende del desempeño del nuevo Congreso. El Senado tiene una composición que obliga a concertar. Ninguno tiene una mayoría abrumadora. Pero, sobre todo, depende de quién esté al mando del Poder Ejecutivo. El presidente de la República de todos los peruanos y peruanas, incluyendo aquellos que no están de acuerdo, tiene la obligación de marcar el rumbo. Es posible que el elegido presidente tome consciencia de la gravedad que tenemos en la situación actual.
¿Qué opina sobre las críticas hacia el comportamiento electoral de las zonas rurales y el sur?
Como lo han planteado varios historiadores, que estas fracturas regionales son de larga data y requieren una política muy abierta de escuchar y proponer en beneficio de toda la ciudadanía. Pero mire esta dinámica de desprecio y resentimiento mutuo, porque no es solamente que Lima desprecia las regiones. Algunas de las regiones desprecian a Lima y se desprecian entre sí, y esto genera un conjunto de resentimiento. Por eso necesitamos que desde el Ejecutivo se busque la manera de unir a los peruanos.
¿No cree que la futura composición del Parlamento pueda agravar la crisis por tercer quinquenio consecutivo?
Al no tener ningún grupo político una hegemonía total sobre el Congreso, va a obligar, espero, a un tipo de negociaciones o acuerdos positivos muy diferentes a los que hemos visto durante estos cinco años. Considero que es posible que el presidente, los vicepresidentes, los senadores y los diputados puedan tener lo que algunas veces he llamado, medio en broma y medio en serio, un súbito ataque de sensatez y pensar más en el bien común, en la vocación de servicio, en la necesidad de forjar acuerdos, más que simplemente empecinarse en su propio punto de vista.

¿La pérdida de confianza en las instituciones genera un grave daño y también debilita la democracia?
Definitivamente, ¿no? La gente desconfía. Lo que hemos visto con la polarización interna y el reflejo de la polarización internacional es un descreimiento, para ponerlo de alguna manera, en la efectividad de las instituciones democráticas. Pero eso, como digo en el libro Incertidumbre, me parece que es un craso error. La historia nos ha demostrado muy claramente que, en tiempos de cambio e incertidumbre, lo mejor es tener gobiernos capaces de escuchar puntos de vista distintos porque no se sabe cómo va a evolucionar el contexto interno, económico,social y político.
Pero los presidentes no duran en el Perú. Ya vamos ocho en una década.
Eso es lo que estamos viviendo desde el 2016 y aceleradamente a partir de 2021 en la situación en la cual, curiosamente, el propio presidente se hizo el harakiri al plantear un insensato y absurdo golpe de Estado. Y luego todo lo que ha venido después, sobre todo los cambios que ha hecho el Congreso con una insólita alianza de grupos de derecha y de izquierda. Nunca hemos visto modificar más de cincuenta o sesenta artículos de la Constitución sin consulta popular, entre gallos y medianoche, con votaciones a la carrera, sin debate interno ni nada. Y lo que hemos visto es un Congreso que se ha convertido en una Asamblea Constituyente clandestina y usurpadora.

La última vez que hablamos señaló que no se debería votar por nadie de este Congreso. Y las urnas le dieron la razón.
Digamos que no han salido todos, todavía quedan algunos. Esto de que se vayan todos no se ha cumplido, pero tiene usted razón. Han salido cuatro partidos violadores de las normas de convivencia justa, pacífica, y básicamente que se estaban repartiendo ministerios y modificando leyes para beneficiarse ellos mismos. En fin, todo eso es lo que hemos vivido, pero lo clave es descartar de plano la idea de que un gobierno autoritario y vertical puede mejorar las cosas.
Usted es partidario de que el avance de la tecnología puede ser beneficioso, pero también dañino porque incentiva la desinformación. Durante la campaña vimos bastantes fake news que hicieron que las instituciones electorales redoblen esfuerzos para evitar el desprestigio. ¿Cómo observó ese fenómeno?
En primer lugar, impedir la difusión o, por lo menos, alertar sobre las noticias falsas. Creo que algunas de las leyes vinculadas a difamación podrían reforzarse para imponer algún tipo de sanción a quienes deliberadamente modifiquen la realidad y difundan noticias falsas. Por otra parte, hay que educar a la ciudadanía a tener una concepción mucho más clara de lo que viene a través de las redes sociales. No aceptar lo que digan como verdad incontrovertible y buscar fuentes adicionales para ver sobre un mismo hecho qué otras narrativas existen. Mirar cuáles son los intereses que tienen aquellos que difunden distintas narrativas, algunas falsas, otras más cercanas a la realidad y verdaderas.

El problema se agrava también si somos una sociedad desconfiada.
La empresa Edelman es una fundación internacional que hace muchos años viene haciendo estudios sobre la confianza a nivel mundial. Ha hecho su segundo o tercer estudio en el Perú, que se difundió hace algunas pocas semanas. Lo que dice este informe es que el Perú, después de entrevistar a muchísimas personas, es el país más desconfiado, pero no solo en las instituciones. La gente no confía en otras personas, solamente confía en sus círculos inmediatos y en su empleador. En fin, tenemos una crisis de confianza a nivel nacional que, dicho sea de paso, como indiqué al principio, es también una crisis global.
¿Y cómo se garantiza la estabilidad política en escenarios de desprestigio institucional?
En el gobierno de transición y emergencia, lo que hicimos fue llamar a todos los líderes de los partidos representados en el Congreso. Nos reunimos en trece oportunidades en el Consejo de Estado, donde están todas las instituciones públicas autónomas para escuchar sus puntos de vista, incluyendo, dicho sea de paso, a las autoridades electorales. Nosotros respetamos absolutamente la autonomía de las instituciones electorales. Pero, además, creo que la confianza se genera también reconociendo errores y corrigiéndolos muy rápidamente. No prometer lo que no se puede cumplir y cumplir lo que se promete. Dar confianza, pero no un cheque en blanco. El presidente o la presidenta de la República tienen la obligación de dar el ejemplo.