
¿Qué efecto pueden tener dos casos como estos? En uno la imagen del parlamento amenaza con desaparecer en las catacumbas de las encuestas. Pero, al mismo tiempo, no sorprende dadas las características del intercambio político impuestas en los últimos años. El objetivo de la negociación “política” es meramente favorecer intereses subalternos o particulares. Esta sería una muestra más. En el otro, las corruptelas en un programa de desayuno infantil, nada menos, también terminan con una muerte.


La tragedia se suele entrelazar en algún momento con los escándalos de corrupción.
En plenas navidades, en la tarde del 25 de diciembre, el cuerpo del empresario Nilo Burga (65) fue hallado sin vida en un cuarto de hotel de Magdalena. Su empresa comercializaba las conservas Don Simón, principales protagonistas de las últimas denuncias relacionadas con el programa de desayunos escolares Qali Warma.
Su abogado, César Eucástegui, declaró que la hipótesis inicial manejada por el Ministerio Público iba por el lado del suicidio. Pero ni la escena ni el certificado de necropsia emitido por el Instituto de Medicina legal lo sugieren así. Burga murió por un shock hipovolémico. Presentaba heridas cortantes en la región cervical y punzocortopenetrantes en la zona toráxica. Se encontraron dos cuchillos. Difícil que alguien se quite la vida a cuchillazos.
Eucástegui informó que Burga solía acudir a ese hotel-sauna y que en su auto se encontró un manuscrito dirigido aparentemente a sus familiares que extrañamente había sido hecho “por una tercera persona, pero lleva su firma”.
La empresa fue señalada por proveer de conservas en mal estado al programa e incluso incluir en ellas carne de caballo. Resultó particularmente indignante que uno de los lotes terminara donado a un albergue para perros.
Las denuncias terminaron, por fin, con el cierre de Qali Warma, un programa constituido en un botín anual de más de S/ 2 mil millones. El titular del MIDIS, Julio Demartini, que a diferencia de Rómulo Mucho se salvó en noviembre de una censura por la protección que tuvo del Ejecutivo, presentó el nuevo programa, Wasi Mikuna, que reemplazará totalmente a Qali Warma a partir del próximo abril.
Entre los cambios anunciados está la aplicación de un principio tan simple como evidente, que es adecuarse a los hábitos locales de consumo.
Por ejemplo, ¿por qué durante tantos años se alimentaba a los niños con conservas de productos que muy difícilmente se encuentran en las canastas básicas del Perú? ¿Cuántos enlatados de pollo y res son parte de la dieta diaria en el país?
Un principio de sentido común, permanentemente desafiado para facilitarle la vida a la corrupción, así como las medidas cautelares con las que las empresas sancionadas volvían a las andadas.
El fallecido Burga, liberteño de Chepén, tenía antecedentes relacionados con la inocuidad. En 2016 la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía, lo señaló como el líder de un esquema de lavado de activos. Según las investigaciones, las empresas de su entorno familiar evadían impuestos, facturaban entre sí y exportaban productos como la carne de burro sin pasar por la fiscalización estatal.
Pero el caso fue archivado por la fiscal Elizabeth Peralta. La misma que se encuentra presa por sus presuntos nexos con Andrés “Chibolín” Hurtado. Cómo no.


MUERTE EN EL CONGRESO
En los últimos días, la muerte que se roza con la corrupción también tocó la puerta del Congreso.
El asesinato de Andrea Vidal (28), extrabajadora del Congreso, conmocionó al país. La joven falleció luego de una semana en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dos de Mayo. Su taxi por aplicativo fue emboscado la noche del martes 10 de diciembre, en el cruce de las avenidas Santa Catalina y San Eugenio en La Victoria. Los sicarios los interceptaron en motos lineales y con armamento de largo alcance. Fueron más de 40 tiros que mataron en el acto al conductor y dejaron muy malherida a Vidal, que finalmente no pudo salvarse.
Vidal fue señalada por el programa Beto a Saber como parte de una presunta red de prostitución que funcionaba en el Congreso, a cargo de Jorge Torres Saravia, hasta hace poco jefe de la oficina legal y constitucional del Congreso.
Torres Saravia era muy cercano a la cúpula del partido Alianza Para el Progreso (APP), regentado por la familia Acuña que, además de ser socia principal del gobierno de Dina Boluarte, controla la estructura administrativa del Parlamento.
El congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización que se pasó de Avanza País a Podemos Perú, calificó la muerte de Burga como “sospechosa” y, en referencia también a Vidal, concluyó que “aparentemente los han silenciado”.
El jueves 26, Torres Saravia llegó a la Comisión de Fiscalización para responder sobre la presunta red al Congreso. Se acompañó por su abogado Benji Espinoza, que saltó a la celebridad penal con su patrocinio al expresidente Pedro Castillo.
Torres Saravia sabe mucho, particularmente tras la trágica muerte de Vidal.
Para el congresista José Cueto no hay ninguna red (¿cuáles serían entonces los móviles del asesinato?). Mientras tanto, otro parlamentario, Edwin Martínez (ex Acción Popular, como es la costumbre) se la ha pasado defendiendo la contratación de Isabel Cajo, señorita sin estudios superiores que se ha hecho célebre gracias a su página, clausurada, de contenido adulto por pago. “Yo no sé si usted tiene una cuenta en OnlyFans”, le respondió Martínez a una periodista.
Son casos que por momentos dan pena. Son agravados por la muerte de sus protagonistas y se suman a la marea de indignación que está a la espera de encontrar un cauce en el debate electoral. La necesidad de cambio todavía es una nebulosa de escasa identificación.