Por contrato firmado el 9 de diciembre de 2021, Reniec paga casi S/ 570 mil mensuales por su sede operativa en el exhotel Crillón. Similarmente, por la del Centro Cívico desembolsa S/ 342 mil cada mes. Un absurdo que se aproxima a los USD 100 mil. Eso no es todo. Una tercera adenda al contrato totaliza el alquiler mensual en la sede del distrito de Independencia en S/ 58 mil y un contrato de septiembre de ese año fija en S/ 165 mil el arriendo mensual de la sede de Javier Prado en San Borja.
Va a cumplirse un año desde que el Congreso tiene pendiente reconsiderar la votación en la que el Pleno rechazó la transferencia de un inmueble que ayudaría a reducir las millonarias cuentas que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) paga en alquileres.
Un oficio de Reniec obtenido por CARETAS muestra que la entidad gasta S/ 1 millón 075 mil 092 mensualmente solo en el alquiler mensual de los mencionados cuatro locales; pero el monto crece sustancialmente si vemos que el total de los contratos suscritos entre el 2021 y el 2023 es de S/ 39 millones 400 mil 684.
En octubre de 2022, la congresista Isabel Cortez presentó un proyecto de ley que buscaba declarar de interés nacional la adjudicación gratuita del inmueble, donde antaño funcionaba el Cine Teatro Madrid –y hoy es sede de una iglesia evangélica– a favor de Reniec, debido al costo que supone alquilar locales que, en muchos casos, no están en buenas condiciones.
El local en cuestión fue transferido al Ministerio de Economía y Finanzas, pero el titular registral es el Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social.
No es la primera vez que se pide traspasar este edificio al Reniec. El Congreso extraordinario que completó el periodo que le correspondía al disuelto en el 2019, aprobó un dictamen que perseguía el mismo objetivo que el de “Chabelita”, pero el entonces mandatario, Francisco Sagasti, observó la autógrafa y esta terminó archivándose poco después de la instalación del nuevo Legislativo.
Y el nuevo intento no correría mejor suerte, a pesar de obtener un dictamen favorable en la Comisión de Vivienda del Congreso, presidida entonces por María Acuña de Alianza Para el Progreso (APP)
Pasó más de un año desde la presentación de la iniciativa de Isabel Cortez hasta que, tras la dictaminación respectiva, fuese sometida a votación el 13 de diciembre de 2023. El resultado fue ajustado: 50 en contra y 47 a favor. Se opusieron principalmente Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, la mitad de Avanza País, Somos Perú, la extinta bancada Unidad y Diálogo Parlamentario y siete no agrupados.
Ese mismo día, Sigrid Bazán pidió que se reconsidere el resultado de la votación, pero desde entonces el asunto quedó en suspenso. Y parece que así será por mucho tiempo, pues este pedido ni siquiera estuvo en la agenda de los dos últimos Plenos convocados por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.
Pero más allá de si se justifica o no una medida expropiatoria, cabe preguntarse cuál es el criterio de eficiencia que se aplica para llegar a pagar cerca de S/ 600 mil mensuales para alquilar un local.