El Pleno del Congreso decidió no aprobar la Cuenta General de la República del Ejercicio Fiscal 2022. El acuerdo se adoptó en base al dictamen del Proyecto de Ley 5717/2023-PE, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que recomendaba la no aprobación de la Cuenta General de la República 2022.
El congresista José Jerí Oré (SP), presidente de la Comisión de Presupuesto, expuso una serie de observaciones, ausencias y omisiones en la Cuenta General 2022.
Asimismo, sostuvo que la Cuenta General no se ajusta a los objetivos señalados en el D.L. 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, pues no refleja la realidad que se describe al presentar inconsistencias, ni dotar de información sistematizada de las metas gubernamentales.
Agregó que según el análisis realizado por el grupo dictaminador en el plano económico, se evidencia la desaceleración económica durante el 2022, pues el PBI tuvo un macro crecimiento de 2.3 %, la tasa de inflación alcanzó 8.5 % y el porcentaje de pobreza incrementó de 25.9 % (2021) a 27.5 % (2022).
“Lamento comunicar al Pleno del Congreso que en la Cuenta General 2022 no existe una evaluación sistemática ni pertinente. La mayoría de los objetivos no fueron alcanzados y no dota de material suficiente para llevar adelante labores de control y fiscalización”
Además, la falta de información sobre gastos de publicidad y consultoría de las entidades públicas. “No existe información sobre la informalidad productiva, el empleo informal, ni la actividad”, añadió.
Finalmente, el legislador Jerí Oré concluyó en que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta General 2022, pues no cumplieron con los objetivos establecidos por ley y la información brindada resulta insuficiente para evaluar los resultados finales obtenidos.
Tras la votación, el primer vicepresidente del Congreso de la República, Arturo Alegría García (FP), quien condujó la sesión plenaria, dijo que el acuerdo será informado a la Presidencia del Consejo de Ministros, al ministro de Economía y Finanzas, y a la Contraloría General de la República.
