La Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó admitir a trámite una denuncia contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez por presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y peculado doloso por utilización, en agravio del Estado. La decisión se adoptó con 21 votos a favor.
La denuncia constitucional N.° 65 fue presentada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas. Según la acusación, Santiváñez habría realizado gestiones ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia para favorecer a un interno del penal El Milagro, en Trujillo. También se le atribuye el presunto uso indebido de instalaciones ministeriales para asuntos particulares.
Santiváñez: audios bajo investigación
Durante el debate, el diputado Harvey Colchado Huamaní, de Ahora Nación, respaldó la admisión de la denuncia y señaló que existen audios sometidos a pericia fonética relacionados con los hechos investigados.
La comisión, presidida por Jefferson Varas Seguin, de Juntos por el Perú, determinó que la acusación cumple los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados. La decisión permite que la denuncia continúe su trámite parlamentario, sin que ello implique una determinación de responsabilidad penal.
Denuncias contra magistrados
En la misma sesión, la comisión aprobó declarar improcedente, con 20 votos a favor, la Denuncia Constitucional N.° 1 contra tres magistrados del Tribunal Constitucional. La acusación estaba relacionada con una presunta vulneración del debido proceso y del derecho de defensa.
Asimismo, con 20 votos a favor, declaró improcedentes las denuncias constitucionales N.° 74 y N.° 76 contra el jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Gastón Remuy. Ambas estaban vinculadas con el otorgamiento de pensiones de jubilación y viudez.
Según lo informado por la comisión, las denuncias fueron declaradas improcedentes porque el funcionario no estaría comprendido dentro de los alcances del artículo 99 de la Constitución.
Informes de caducidad
La comisión también aprobó tres informes sobre la caducidad de la prerrogativa funcional en igual número de denuncias constitucionales. Uno corresponde al exjuez supremo Víctor Lucas Ticona Postigo y fue aprobado con 16 votos a favor y cinco abstenciones.
Los otros dos están relacionados con el excongresista César Combinas Salvatierra. Ambos informes obtuvieron 18 votos a favor y tres en contra y corresponden a denuncias por presunto tráfico de influencias agravado y enriquecimiento ilícito, respectivamente.
Los informes serán elevados al Pleno de la Cámara de Diputados, que deberá determinar si corresponde archivar las denuncias. Los actuados serán remitidos al Ministerio Público conforme a sus atribuciones.