El Indecopi declaró ilegal la omisión del Ministerio de Educación (Minedu) de emitir la normativa necesaria para establecer las condiciones básicas de calidad que deben cumplir los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) privados.
La decisión fue adoptada por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (SEL), que confirmó en segunda y última instancia administrativa una resolución emitida previamente por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB).
Según el organismo, la falta de regulación generó una barrera burocrática que afectó el funcionamiento y desarrollo de estas instituciones educativas en todo el país.
Más de siete años sin norma técnica
La controversia se originó debido a que el Reglamento de la Ley General de Educación estableció que los CETPRO privados debían acreditar determinados estándares de calidad mediante una declaración jurada.
Sin embargo, para cumplir con dicha exigencia era indispensable que el Minedu aprobara previamente una norma técnica, lineamientos específicos y un cronograma de implementación que definieran dichos estándares.
Indecopi concluyó que, pese a haber transcurrido más de siete años desde la entrada en vigencia del reglamento, el ministerio no cumplió con emitir esos instrumentos normativos.
Como consecuencia, los centros educativos no contaban con reglas claras para adecuarse a los requisitos exigidos por la propia administración pública.
Trámites de licenciamiento quedaron afectados
La ausencia de lineamientos oficiales impactó directamente en diversos procedimientos administrativos vinculados a los CETPRO privados.
Entre ellos figuran los trámites de licenciamiento institucional, la autorización para abrir nuevos locales y la aprobación de programas formativos que permiten otorgar títulos a nombre de la Nación.
Indecopi sostuvo que la falta de predictibilidad impedía a los administrados conocer con certeza qué requisitos debían cumplir y cuáles serían los criterios aplicados por la autoridad educativa al momento de evaluar sus solicitudes.
Esta situación generó incertidumbre jurídica para las instituciones dedicadas a la formación técnico-productiva.
Vulneración a la libertad de empresa
La resolución señala que la omisión del Minedu vulneró principios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General y en la Ley General de Educación.
Además, afectó el Principio de Predictibilidad, que obliga a las entidades públicas a brindar claridad y certeza sobre los procedimientos administrativos que gestionan.
Indecopi también advirtió una afectación a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa, debido a que los CETPRO privados no podían desarrollar sus actividades con reglas claramente definidas por la autoridad competente.
Medida beneficiará a CETPRO de todo el país
Como parte de su decisión, la Sala Especializada ordenó la inaplicación con efectos generales de la barrera burocrática identificada.
La medida beneficiará a todos los CETPRO privados del país que se encuentren sujetos a los procedimientos afectados por la ausencia de la regulación correspondiente.
Indecopi precisó que su decisión no reemplaza las facultades normativas del Ministerio de Educación, sino que busca garantizar que la entidad cumpla con emitir las disposiciones pendientes.
Minedu deberá brindar predictibilidad al sector
La resolución reafirma la obligación del Minedu de desarrollar el marco normativo pendiente para otorgar seguridad jurídica a los administrados.
De acuerdo con el organismo, contar con reglas claras permitirá que los centros de formación técnico-productiva planifiquen sus inversiones, amplíen su oferta educativa y desarrollen sus actividades sin incertidumbre administrativa.
La decisión podría tener impacto en el sector de la educación técnico-productiva, que cumple un papel clave en la formación de mano de obra especializada y en la inserción laboral de miles de jóvenes y adultos.
El Indecopi determinó que el Minedu impuso una barrera burocrática ilegal al no aprobar durante más de siete años las normas que definen las condiciones básicas de calidad para los CETPRO privados. La resolución busca garantizar mayor predictibilidad, seguridad jurídica y respeto a la libertad de empresa en el sector educativo técnico-productivo.