El Gobierno aprobó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, una estrategia orientada a reducir la grave sobrepoblación carcelaria que afecta al sistema penitenciario peruano. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 0203-2026-JUS, publicada en la edición extraordinaria de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
La iniciativa busca revertir una problemática que durante años ha generado preocupación por las condiciones de reclusión en los penales del país y por sus efectos en la seguridad, la salud y los procesos de rehabilitación de las personas privadas de libertad.
Plan de deshacinamiento involucra a varias entidades
La ejecución del plan estará liderada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que trabajará de manera coordinada con la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Dirección de Gracias Presidenciales.
La estrategia busca articular esfuerzos entre distintas áreas del Estado para enfrentar el problema del hacinamiento en las cárceles peruanas y mejorar la gestión del sistema penitenciario.
Además, la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será responsable de supervisar el cumplimiento de las metas y reportar periódicamente los avances alcanzados hasta el año 2028.
INPE tendrá 15 días para presentar mecanismos de control
La resolución establece que el INPE y la Dirección General de Asuntos Criminológicos deberán presentar, en un plazo máximo de 15 días hábiles, los instrumentos técnicos que permitirán monitorear la ejecución del plan.
Estos mecanismos servirán para medir resultados, detectar problemas y verificar el cumplimiento de los objetivos orientados a reducir la sobrepoblación penitenciaria.
Asimismo, se implementarán reportes periódicos para evaluar el impacto de las medidas adoptadas y realizar ajustes cuando sea necesario.
Buscan ampliar la asistencia legal a internos
La norma también autoriza al INPE a establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para fortalecer la atención de la población penitenciaria.
El objetivo es ampliar los servicios de orientación, asistencia y patrocinio legal gratuito, facilitando el acceso a la justicia para miles de internos en todo el país.
Las autoridades consideran que una mejor defensa legal puede contribuir a agilizar procesos y mejorar las condiciones dentro de los establecimientos penitenciarios.
Medida responde a mandato del Tribunal Constitucional
La aprobación del plan responde a una disposición del Tribunal Constitucional, que declaró un “estado de cosas inconstitucional” debido al grave nivel de hacinamiento existente en las cárceles del país.
Además, la iniciativa se encuentra alineada con los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y con las acciones impulsadas durante la emergencia del Sistema Nacional Penitenciario.
Con esta medida, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema penitenciario más eficiente, con mejores condiciones para la rehabilitación y reinserción social de los internos.