La CIDH sobre independencia judicial en Perú manifestó su preocupación por la apertura de procedimientos disciplinarios contra magistrados peruanos y advirtió que estas acciones podrían convertirse en represalias por decisiones adoptadas en el ejercicio de la función jurisdiccional. Desde Washington D. C., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado peruano a abstenerse de promover investigaciones que busquen intimidar o sancionar a jueces por actuar con independencia y cumplir sus obligaciones constitucionales e internacionales.
El organismo señaló que la independencia judicial constituye un pilar esencial del Estado de derecho y recordó que los jueces deben poder ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad sin presiones políticas ni amenazas de sanción.
CIDH cuestiona procesos disciplinarios impulsados contra magistrados
En su pronunciamiento, la Comisión indicó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a iniciativa de integrantes del Congreso, habría iniciado procedimientos disciplinarios contra jueces de primera instancia y de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.
Según la CIDH, los magistrados investigados adoptaron decisiones en el marco de sus competencias al ejercer el control difuso de constitucionalidad y el control de convencionalidad, mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para verificar la compatibilidad de las leyes con la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
El organismo señaló que algunos jueces fueron cuestionados por inaplicar la Ley N.° 32017, relacionada con la prescripción de crímenes de lesa humanidad, y la Ley N.° 32419, conocida como Ley de Amnistía, al considerar que estas podrían ser incompatibles con la Constitución y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Como consecuencia de estas actuaciones, indicó la Comisión, algunos magistrados habrían sido suspendidos temporalmente de sus funciones.
Advierten un efecto intimidatorio sobre el Poder Judicial
La CIDH sobre independencia judicial en Perú sostuvo que estos procedimientos disciplinarios pueden generar un efecto inhibidor dentro del sistema de justicia.
De acuerdo con el organismo interamericano, la posibilidad de enfrentar investigaciones, suspensiones o eventuales destituciones podría desalentar a los jueces a ejercer el control de convencionalidad en futuros procesos, afectando su autonomía para resolver casos de acuerdo con la Constitución y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.
Asimismo, expresó preocupación porque algunos expedientes disciplinarios habrían sido reabiertos por la JNJ pese a haber sido archivados previamente por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
Preocupación por casos de derechos humanos
La Comisión advirtió que estas medidas podrían afectar el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cuyos procesos continúan siendo conocidos por los magistrados investigados.
Recordó además que anteriormente había recomendado al Estado peruano derogar la Ley de Prescripción y abstenerse de aplicarla por considerarla incompatible con los estándares interamericanos sobre investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad.
También reiteró sus observaciones respecto de la Ley de Amnistía aprobada en 2025 y cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional que declaró constitucional la norma sobre prescripción.
Para la CIDH, ambas leyes no deben convertirse en obstáculos para investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos ni limitar el control jurisdiccional que corresponde ejercer a los jueces.
Estado peruano reafirma compromiso con la independencia judicial
El organismo informó que, en respuesta, el Estado peruano reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la independencia de la función jurisdiccional.
Asimismo, indicó que el ordenamiento jurídico nacional faculta a jueces y tribunales a ejercer control constitucional y convencional respecto de normas o actos que estimen incompatibles con la Constitución o con tratados internacionales, lo que ha permitido la inaplicación de la Ley N.° 32017 en diversos procesos judiciales.
Sin embargo, la Comisión manifestó que resulta llamativo que los procedimientos disciplinarios se impulsen pese a las garantías ofrecidas por el Estado peruano ante la propia CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que los jueces podían ejercer dicho control sin temor a represalias.
Contexto regional de presiones sobre la justicia
La Comisión Interamericana situó el caso peruano dentro de un contexto regional caracterizado por crecientes presiones sobre la independencia judicial mediante el uso de mecanismos disciplinarios.
En ese sentido, recordó que las investigaciones contra magistrados deben sustentarse en criterios objetivos, previamente establecidos por la ley y respetar plenamente el debido proceso.
Subrayó que estos mecanismos no pueden utilizarse para revisar el contenido de decisiones jurisdiccionales, ejercer presiones indebidas sobre quienes administran justicia ni apartar de sus cargos a jueces por el sentido de sus resoluciones.
Instituciones respaldan la defensa de la independencia judicial
El pronunciamiento de la CIDH se suma a las expresiones de preocupación formuladas por diversas instituciones académicas y jurídicas del país.
Entre ellas figuran la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (Judecap) y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD).
Estas entidades han manifestado su rechazo a lo que consideran actos que podrían afectar la independencia del Poder Judicial y respaldaron a magistrados sometidos a investigaciones disciplinarias, entre ellos el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga.
La CIDH concluyó recordando que la independencia judicial constituye una condición indispensable para garantizar el acceso efectivo a la justicia, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en los países miembros de la Organización de los Estados Americanos.