Llenar el tanque hoy afecta. No es una sensación, es una cifra: la gasolina ya ha subido más de 50 % en pocas semanas y, en Lima, el galón supera los S/20 en varios grifos. Eso significa que moverse ya cuesta más. Trabajar cuesta más y vivir, simplemente, cuesta más. No es un problema técnico ni lejano. Es cotidiano. Está en el taxi, en camiones, en el bus, en el mercado. Y recién empieza a sentirse.
El Perú ha recibido nuevamente el impacto de la guerra sin mayor capacidad de amortiguación, es cierto. Pero esta vez no ha sido un ajuste progresivo, ha sido un salto. En Lima, el precio del gasohol ya supera con facilidad los S/20 por galón en varios distritos. Las visitas al portal Facilito se han multiplicado en esta última semana.
Antes del inicio de la guerra entre Irán e Israel (y de la rotura de la tubería de gas en Cusco), el diésel en Lima se movía en varios grifos entre S/14 y S/16 por galón. Hoy, apenas seis semanas después, ya supera los S/27 en algunos grifos, según reportes del OSINERGMIN. Y el escenario hacia los próximos meses sigue siendo incierto.
Si el petróleo internacional se mantiene cerca de los 100 dólares por barril durante los próximos meses —como ya advierten analistas energéticos tras la guerra entre Irán e Israel—, el diésel en el Perú podría superar fácilmente los S/30 por galón antes de agosto, especialmente en regiones alejadas. En Lima, el rango podría ubicarse entre S/28 y S/31, pero en provincias el impacto sería mucho mayor por el costo adicional del transporte terrestre.
Por ejemplo, en ciudades de la sierra y selva (donde el combustible debe recorrer cientos de kilómetros), el galón podría costar entre S/32 y S/36 si continúan las tensiones internacionales y los problemas internos de abastecimiento.
El efecto sería especialmente duro en zonas donde el transporte representa gran parte del precio final de alimentos, medicinas y materiales básicos. El combustible no es un insumo cualquiera. Cuando este sube, la pregunta nunca es si afectará a la economía o no, la pregunta es cuánto tiempo durará esa afectación. Y esa es la respuesta que todos los peruanos buscan.
FRAGILIDAD ESTRUCTURAL
Cada crisis internacional nos encuentra en la misma posición: altamente dependientes de combustibles importados, con poca capacidad de almacenamiento estratégico y con una política energética que reacciona más de lo que prevé. Eso significa que cualquier shock externo se traduce casi de inmediato en presión interna.
El conflicto entre Irán e Israel ha sido el detonante reciente. El mercado internacional del petróleo ha reaccionado con incrementos significativos, y ese aumento se ha trasladado rápidamente a los precios locales. Pero el problema no es solo ese conflicto. Es la falta de mecanismos internos para amortiguar sus efectos.
Otros países han comenzado a discutir medidas concretas. Por ejemplo, Estados Unidos se ha planteado la posibilidad de suspender temporalmente impuestos a la gasolina para aliviar el impacto en los consumidores. Es una respuesta directa, pensada en términos de urgencia económica y estabilidad política.
Chile, por ejemplo, tiene mecanismos para estabilizar el precio del combustible y proteger al transporte público. Brasil ha subsidiado diésel para camioneros en momentos críticos. España y Hungría fijaron topes temporales en el pasado. Países como India o Colombia han promovido el uso de GNV o biocombustibles para reducir la dependencia del petróleo. No resuelve la crisis de forma inmediata, pero reduce la exposición a futuro.
En el Perú, en cambio, la respuesta sigue siendo difusa. Se habla de monitoreo, de evaluación, de seguimiento. A esto se suma un factor interno que agrava la situación: los ajustes en los precios explanta realizados por las principales proveedoras. En los últimos días, tanto Petroperú como empresas privadas han aplicado incrementos que, en algunos casos, superan el sol por galón.
Es decir, la presión no solo viene de afuera, se está acumulando adentro. Ese doble efecto es el que convierte una subida en un problema estructural. Porque ya no se trata de una fluctuación temporal. Se trata de una tendencia que empieza a afectar decisiones económicas.
PATRÓN QUE SE REPITE
No es la primera vez que el Perú enfrenta un escenario así. Y, sin embargo, la reacción vuelve a ser la misma. Se espera. Se observa. Se confía en que el mercado se estabilice. A veces ocurre. Pero, cuando no ocurre, el costo es mayor. Porque cada retraso en la respuesta amplifica el impacto.
La falta de medidas oportunas no solo afecta el bolsillo del consumidor. También afecta la competitividad del país. Eleva los costos logísticos. Reduce la eficiencia. Desincentiva la inversión. Y en un contexto global donde la eficiencia es clave, eso tiene consecuencias.
El Perú ya enfrenta desafíos logísticos importantes: infraestructura en pésimo estado, altos costos de transporte, peajes, entre otros. Un incremento sostenido en el precio del combustible agrava todos esos problemas. Y, lamentablemente, lo hace en un momento político en el que la economía necesita estabilidad.
MEDIDAS MIENTRAS SE PUEDAN
El Ejecutivo debería actuar con medidas concretas. Por ejemplo, aplicar una reducción temporal y focalizada del impuesto a los combustibles, especialmente al diésel, que sostiene el transporte de carga. También debería activar subsidios dirigidos al transporte público y de mercancías para evitar que el alza se traslade de inmediato a los alimentos y servicios.
Además, el Gobierno debería coordinar con el sector privado para evitar incrementos desproporcionados en los precios explanta y reforzar la supervisión del mercado. En paralelo, debería acelerar una estrategia de mediano plazo: ampliar el uso de GNV, mejorar la eficiencia logística y asegurar contratos de suministro más estables. No se trata de controlar el precio internacional, sino de amortiguar su impacto interno, además de usar los recursos que tiene con pensamiento estratégico.
El regreso efectivo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ya no es una opción, es una necesidad. Este mecanismo ha permitido suavizar las subidas bruscas y evitar que el consumidor reciba todo el golpe de inmediato.
Sin ese colchón, cada alza internacional se traslada de forma directa y violenta al mercado local. Reactivarlo con reglas ayudaría a dar previsibilidad a empresas y hogares, reducir la volatilidad y evitar ajustes abruptos en cadena. No elimina el problema, pero lo vuelve manejable.
Por desgracia, hasta ahora, la respuesta del Ejecutivo parece insuficiente. No hay una política energética que reduzca la dependencia ni mecanismos ágiles de respuesta ante crisis.
El impacto más duro no se sentirá en Lima, sino en provincias, donde el transporte puede representar hasta el 30 % del costo final de un producto. Llevar alimentos, medicinas o materiales de construcción a la sierra o la selva ya es caro, pero con el diésel en aumento puede volverse un lujo.
El impacto de esta segunda alza en mayo todavía no ha terminado de desplegarse. Lo que se ha visto hasta ahora es solo la primera fase. En las próximas semanas, el traslado de costos será más evidente. Aunque es cierto que el Perú ya ha estado en esa situación antes, la diferencia es que, cada vez que ocurre, el margen de reacción es menor.
Finalmente, por eso es muy importante, como tarea para el próximo gobierno, liquidar Petroperú y crear de inmediato otra empresa que realmente tenga la estructura financiera adecuada, que aporte en el país y no sea una cartera pesada.