El presidente interino del Perú, José María Balcázar, afirmó que el pago por la compra de aviones F-16 no será asumido por su gestión, sino por el próximo gobierno que resulte elegido en las elecciones en curso.
Durante un mensaje a la Nación, el mandatario intentó aclarar sus declaraciones previas sobre la adquisición de la nueva flota aérea. “Nosotros lo que estamos diciendo (…) es que la compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagados en el próximo gobierno”, sostuvo.
Gobierno de Balcázar prioriza gasto social
Balcázar defendió su decisión señalando que responde a la necesidad de atender otras urgencias del país.
“Debemos actuar con prudencia y hacer las compras razonablemente para que tengamos la caja suficiente (…) para atender necesidades en agua potable, salud y educación”, indicó.
El jefe de Estado también mencionó que, aunque existe un compromiso contractual, se podría evaluar una renegociación.
“Hay un compromiso de endeudamiento, pero se puede analizar cómo conversar sobre un contrato”, agregó.
Advertencia por incumplimiento del contrato
Las declaraciones del mandatario se dan en un contexto de tensión dentro del Ejecutivo, tras la renuncia de dos ministros vinculada a esta decisión.
El excanciller Hugo de Zela advirtió que el Estado peruano tenía plazo hasta ese mismo día para realizar el primer pago del contrato, que asciende a 3.500 millones de dólares.
“El contrato prevé penalidades (…) la credibilidad del país va a quedar completamente destruida”, alertó en declaraciones a RPP.
Según indicó, el primer desembolso sería de 2.000 millones de dólares, seguido de un segundo pago de 1.500 millones.
Cuestionamientos a Balcázar
De Zela también cuestionó la postura del Ejecutivo y aseguró que el presidente tenía conocimiento de que el contrato ya había sido firmado.
Además, advirtió que el incumplimiento podría generar reclamos internacionales y afectar la imagen del país en futuros acuerdos.
Un tema que sigue en debate
El caso ha abierto un nuevo frente de debate sobre el uso de recursos públicos, el gasto en defensa y la gestión de compromisos internacionales.
Mientras el Gobierno insiste en priorizar el gasto social, especialistas advierten sobre los riesgos legales y económicos de no cumplir con contratos ya suscritos.