El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) condenó de manera enérgica las amenazas dirigidas contra el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yactayo, señalando que estas intimidaciones evidencian la reacción de organizaciones criminales frente a las constantes requisas ejecutadas en penales de todo el país. Las autoridades sostienen que estos actos buscan frenar la estrategia desplegada para recuperar el control penitenciario y erradicar las operaciones ilícitas dentro de los establecimientos de reclusión.
El pronunciamiento coincide con los recientes anuncios del presidente José Jerí, quien confirmó que en enero de 2026 comenzará la implementación de una reforma estructural del sistema penitenciario, que incluye reemplazar al INPE por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), un nuevo organismo que concentrará las funciones de seguridad, resocialización y control interno.
Minjus condena amenazas y reafirma control del Estado en penales
Las amenazas contra el titular del INPE se produjeron luego de una serie de requisas masivas en penales emblemáticos, donde se incautaron objetos prohibidos, teléfonos celulares y dispositivos utilizados para coordinar actos de extorsión y sicariato desde las cárceles. Según el Minjus, estos operativos han generado resistencia de mafias que operan desde los establecimientos penitenciarios desde hace más de una década.
Ante ello, el ministerio sostuvo que
¿las cárceles seguirán siendo centros de operaciones del crimen en el Perú?
Su respuesta fue categórica: no. La institución aseguró que el Gobierno está decidido a impedir que los penales continúen siendo plataformas delictivas y remarcó que las medidas adoptadas buscan restablecer el principio de autoridad y devolver el control pleno al Estado.
El comunicado también recordó que, pese a los riesgos, la línea de trabajo del Ejecutivo se mantiene firme y se reforzará en los próximos meses mediante reformas institucionales que tengan impacto real sobre la criminalidad organizada.
Sunir reemplazará al INPE: ¿qué cambia en 2026?
En un mensaje oficial del 10 de diciembre, el presidente José Jerí anunció que la Sunir asumirá el control del sistema penitenciario en 2026. Este nuevo organismo absorberá las funciones del INPE, pero bajo un modelo de supervisión más rígido y dependiente del Poder Ejecutivo.
El mandatario explicó que la medida busca corregir fallas estructurales acumuladas por años: corrupción interna, infraestructura deteriorada, filtración de mafias dentro de los pabellones y un avance delictivo que ha desbordado la capacidad de respuesta del Estado. Jerí precisó que la Sunir tendrá la responsabilidad de garantizar que los internos cumplan programas de resocialización verificables, mientras se limita de forma estricta cualquier espacio para la operación de redes criminales.
La pregunta clave es:
¿Por qué el Gobierno considera necesario reemplazar por completo al INPE?
La respuesta oficial apunta a la incapacidad del actual sistema para impedir que internos sigan ordenando extorsiones, tráfico ilícito y amenazas desde teléfonos públicos y dispositivos clandestinos, problema identificado desde al menos 2010.
Crisis penitenciaria: un sistema heredado en estado crítico
El presidente Jerí sostuvo que recibió un “sistema penitenciario desordenado y vulnerable”, con altos niveles de corrupción, estructuras internas capturadas por mafias y falta de modernización. La situación se agravó con el creciente uso de teléfonos públicos por parte de internos para coordinar delitos, lo que no permitió un rastreo eficaz de comunicaciones.
Frente a ello, el Gobierno plantea un cambio de modelo:
¿qué problemas busca resolver la Sunir desde su creación?
- Reducir la capacidad del crimen organizado para operar desde los penales.
- Implementar sistemas modernos de control de comunicaciones.
- Supervisar estrictamente los procesos de resocialización.
- Profesionalizar la seguridad penitenciaria bajo un mando centralizado.
- Fortalecer mecanismos de inteligencia penitenciaria.
Este proceso también conlleva la continuidad temporal de Iván Paredes Yataco como jefe del INPE hasta la entrada en vigencia de la Sunir. Aunque Paredes se encuentra investigado por presunto cobro indebido, Jerí argumentó que permanecerá en el cargo por su rol operativo en la ejecución de acciones urgentes en penales.
Refuerzo a la PNP para enfrentar sicariato y extorsión
Paralelamente, el Gobierno anunció un paquete de reforzamiento para la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de la misma estrategia de seguridad. La administración Jerí impulsará la compra de armas, chalecos antibalas y vehículos tácticos con el objetivo de fortalecer la lucha contra el sicariato, la extorsión y el crimen organizado.
El presidente también ratificó su respaldo al comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, destacando la necesidad de mantener una conducción policial firme y alineada con las prioridades de seguridad ciudadana.
Esta línea de acción plantea una interrogante directa:
¿son suficientes estas medidas para estabilizar la seguridad en el país?
El Gobierno sostiene que sí, siempre que se ejecuten de forma técnica, sostenida y con vigilancia permanente sobre los resultados.
Un cambio estructural para recuperar la seguridad
Jerí afirmó que las reformas penitenciarias y el fortalecimiento policial marcarán la primera etapa de su gobierno en materia de seguridad. La prioridad, sostuvo, es devolver la tranquilidad a la ciudadanía y enfrentar el avance del crimen organizado con acciones contundentes, no solo declaraciones.
En los próximos meses, la implementación de la Sunir y la continuidad de las requisas en penales definirán si el Ejecutivo puede revertir la grave crisis penitenciaria heredada. Por ahora, el mensaje es claro: el Estado no cederá terreno frente a las mafias que buscan operar desde las cárceles.