El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios rechazó la propuesta del Ejecutivo de eliminar el INPE y reemplazarlo por una nueva superintendencia, advirtiendo que la reforma amenaza su estabilidad laboral. El gremio anunció que podría iniciar una huelga nacional indefinida si el Gobierno no brinda garantías ni instala una mesa de diálogo.
El anuncio fue acordado en una reunión de emergencia convocada tras las declaraciones del presidente de Transición, José Jerí, quien informó que el Ejecutivo ha solicitado facultades al Congreso para reorganizar por completo el sistema penitenciario. Dentro de este proyecto, el INPE dejaría de existir y sería reemplazado por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización.
Temor a despidos masivos y rechazo al rediseño penitenciario
El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios alertó que la reforma podría dejar fuera a cientos de trabajadores al no existir claridad sobre su continuidad dentro de la nueva estructura.
El secretario general, Julio César Burga, afirmó que el personal se siente “amenazado y amedrentado” por una propuesta que fue anunciada —sostienen— sin diálogo técnico previo ni garantías laborales.
Los dirigentes también expresaron preocupación por la posible participación de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional en el control de los penales, un modelo que —recordaron— ya generó graves fallas de seguridad en el pasado, como el ingreso de armas y objetos prohibidos.
Críticas al sistema de designaciones y a la gestión penitenciaria actual
El sindicato cuestionó además el actual esquema de nombramientos, donde todos los directores de penales son cargos de confianza designados desde el Ministerio de Justicia. Según el gremio, este mecanismo ha permitido arbitrariedades y advierten que una nueva estructura podría repetir —o agravar— este patrón si no se establece un sistema meritocrático y transparente.
Presión social y advertencia de huelga indefinida
Ante la falta de respuestas del Gobierno, el gremio acordó que la primera acción sería un plantón en el Ministerio de Justicia, pero las bases pidieron elevar la medida a una paralización total de labores en los 69 penales del país.
Si el Ejecutivo no rectifica el proyecto o no instala una mesa de diálogo con el presidente de la República, los trabajadores ingresarán a una huelga indefinida, lo que impactaría de manera directa en la administración penitenciaria a nivel nacional.
La posición del Gobierno ante el Congreso
Mientras los trabajadores definían su medida de fuerza, el ministro de Justicia, Walter Martínez, sustentó ante la Comisión de Constitución el pedido de facultades legislativas. Señaló que la reforma es parte de una estrategia integral contra el crimen organizado y que busca modernizar un sistema afectado por corrupción e infiltración de redes criminales.
Pese a ello, las declaraciones no han calmado el clima de tensión dentro del INPE, donde los trabajadores sostienen que no se ha socializado adecuadamente el proyecto ni se han garantizado los puestos de quienes mantienen operativos los penales del país.