Congreso impulsa cambios para ampliar geolocalización y reforzar lucha contra el crimen digital

Nueva propuesta busca cerrar vacíos legales y permitir que la PNP rastree teléfonos con números extranjeros usados para extorsiones y delitos graves.

por Edgar Mandujano

La Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso aprobó por unanimidad un dictamen clave que busca fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra el crimen organizado, la delincuencia digital y las modalidades que utilizan tecnologías extranjeras para evadir el rastreo estatal. La iniciativa pretende actualizar el marco legal del Decreto Legislativo 1182, norma que regula la geolocalización y el uso de datos derivados de las telecomunicaciones en investigaciones urgentes.

El dictamen, sustentado por la presidenta de la comisión, Karol Paredes Fonseca (Avanza País), plantea habilitar de manera expresa la geolocalización, localización y rastreo de dispositivos móviles que operen mediante roaming internacional, tarjetas SIM extranjeras, numeración virtual o aplicaciones que generan identificaciones telefónicas falsas. Esta modificación es considerada por el Legislativo como una respuesta a la creciente sofisticación del crimen digital, particularmente en delitos como extorsiones, secuestros, estafas virtuales y operaciones del crimen organizado.


¿Por qué el Congreso busca ampliar la geolocalización?

La PNP ha alertado que un porcentaje significativo de las extorsiones que afectan a comerciantes, transportistas y ciudadanos se realiza usando chips extranjeros, lo que dificulta la respuesta rápida. La normativa vigente permite interpretar que la geolocalización ya abarca estos dispositivos, pero la falta de una precisión expresa genera vacíos que algunas operadoras o entidades pueden interpretar como limitaciones.

Según explicó Paredes Fonseca, el proyecto apunta a evitar interpretaciones restrictivas, asegurar procedimientos estandarizados y garantizar que la Policía pueda actuar de manera inmediata en situaciones donde el tiempo es determinante para evitar daños irreparables.

“Se trata de cerrar vacíos normativos y responder a los desafíos que plantea la delincuencia moderna”, señaló la legisladora. “Esta propuesta es necesaria y oportuna para fortalecer la capacidad de investigación de la Policía Nacional del Perú”.


Modificaciones al D.L. 1182: ¿qué cambia exactamente?

El dictamen aprobado incorpora varios elementos que amplían el alcance del uso de datos de telecomunicaciones para la geolocalización inmediata:

  • Permite rastrear dispositivos con números extranjeros, incluso cuando se encuentren bajo roaming o portabilidad internacional.
  • Autoriza la geolocalización de celulares vinculados a SIM virtuales, aplicaciones VoIP o cualquier tecnología que genere numeración digital no convencional.
  • Unifica el procedimiento para que las operadoras colaboren bajo un protocolo estándar y sin retrasos.

La pregunta clave es: ¿afecta esto los derechos fundamentales?

Según la comisión, la respuesta es no, porque el D.L. 1182 ya contempla salvaguardas de legalidad, proporcionalidad y control fiscal. Además, las disposiciones se aplican únicamente en casos de flagrancia o delitos graves donde la inmediatez es esencial para evitar riesgos a la vida o integridad de las personas.


Implicancias para la lucha contra el crimen organizado

La medida es vista como un avance relevante en el combate contra:

  • Extorsiones desde penales
  • Mafias dedicadas al secuestro
  • Redes internacionales de estafa digital
  • Organizaciones criminales que operan con numeración extranjera

La posibilidad de rastrear teléfonos extranjeros es especialmente relevante considerando el fenómeno de “call centers criminales” que funcionan en países vecinos y que utilizan líneas virtuales para delinquir en territorio peruano.

La PNP ha explicado en reiteradas ocasiones que la demora en obtener datos o la interpretación restrictiva por parte de las operadoras se convierte en un obstáculo directo para investigaciones que requieren inmediatez. La modificación del marco legal busca eliminar este cuello de botella.


Otras decisiones aprobadas por la Comisión de Defensa

Durante la misma sesión, se aprobaron otros dictámenes importantes:

1. Inclusión de escuelas policiales y militares en el programa de becas del Estado

Con 15 votos a favor, la comisión aprobó el proyecto que modifica la Ley 29837, permitiendo que el Pronabec incluya a las escuelas de formación de la PNP y las Fuerzas Armadas dentro de las opciones de becas y créditos educativos.

Esta modificación permitiría que jóvenes con alto rendimiento académico accedan a becas completas para formarse como policías o militares, lo que se espera fortalezca el profesionalismo y reduzca brechas de formación.


2. Reconocimiento de héroes y heroínas nacionales

Con 14 votos a favor, se aprobó la denominada “Ley que declara de interés nacional la calificación para el reconocimiento de héroes nacionales y próceres de la independencia”.
La medida incluye a figuras históricas como:

  • Antonia Moreno de Cáceres
  • Juan Francisco de Vidal La Hoz
  • Catalina Buendía de Pecho
  • Héroes del Combate de Güepí
  • Miembros del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco
  • Combatientes de Sierralumi
  • Declaración de José Olaya como prócer
  • Reconocimiento de Micaela Bastidas como gran mariscala del Perú

Esta iniciativa tiene un fuerte contenido simbólico y de memoria histórica.


3. Puesta en valor de la ruta histórica Pasco–Junín

Se aprobó también declarar de interés nacional la puesta en valor cultural y turística de la Ruta Libertadora Pasco–Junín, vinculada a la Batalla de Junín.


4. Se envió al archivo propuesta sobre los Comités de Autodefensa

Finalmente, se archivó el Proyecto de Ley 2581, que buscaba derogar la Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa (CAD) como parte del sistema de seguridad ciudadana.


Conclusión: un paquete legislativo que apunta al frente interno

El Congreso avanza en una agenda que combina seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, modernización tecnológica y reconocimiento histórico.
Entre todas las iniciativas, la reforma al D.L. 1182 es la más sensible y estratégica, pues toca directamente la capacidad del Estado para responder a la delincuencia que opera con tecnología extranjera y herramientas digitales cada vez más sofisticadas.


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