La bancada de Alianza para el Progreso (APP) decidió retirar el proyecto de ley presentado por el congresista Luis Cordero Jon Tay, que buscaba modificar el Impuesto a la Renta para permitir a las empresas deducir los pagos realizados como consecuencia de extorsiones. La propuesta, presentada el 15 de octubre ante la Comisión de Economía, fue retirada tras recibir una ola de críticas por parte de especialistas tributarios, penalistas y la opinión pública.
Un proyecto que generó controversia inmediata
El texto legislativo planteaba incluir los pagos por extorsión dentro del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, clasificándolos como pérdidas extraordinarias.
Según el documento, las empresas podrían deducir esos pagos sin necesidad de un proceso judicial, bastando con una declaración jurada legalizada notarialmente que acreditara la extorsión sufrida.
La medida pretendía —según el congresista Cordero— brindar alivio financiero a empresarios y transportistas víctimas del crimen organizado. Sin embargo, ¿podía el Estado peruano reconocer legalmente los pagos producto de un delito como gasto tributario? La propuesta abrió un debate nacional sobre los límites entre la formalidad fiscal y la realidad de la inseguridad ciudadana.
Argumentos de los impulsores del proyecto
En su exposición de motivos, el congresista Luis Cordero Jon Tay sostuvo que miles de víctimas no denuncian las extorsiones por miedo a represalias, lo que les impide registrar esas pérdidas ante la SUNAT.
El texto proponía reemplazar el requisito judicial por una declaración notarial, bajo responsabilidad penal en caso de falsedad. Así, se buscaba que los contribuyentes pudieran deducir pagos ilícitos bajo control administrativo, sin necesidad de acudir al sistema judicial.
La propuesta, respaldada por otros legisladores de APP, como Alejandro Soto, María Acuña Peralta, Magaly Ruiz, Idelso García, Segundo Quiroz y Eduardo Salhuana, fue presentada como una medida pragmática frente a la crisis de seguridad. Sin embargo, especialistas advirtieron que el proyecto podía legitimar indirectamente pagos a organizaciones criminales, creando un precedente peligroso.
Extorsión y economía: un problema nacional
El documento reconocía que la extorsión afecta severamente a pequeños y medianos empresarios, transportistas y trabajadores informales, quienes pagan cuotas ilegales a mafias para poder operar.
Cifras del INEI citadas por el congresista indicaban que solo el 15,7 % de las víctimas presenta una denuncia ante las autoridades, y que el temor y la falta de confianza institucional son los principales obstáculos.
¿Debe el Estado reconocer esos pagos como pérdida deducible o fortalecer los mecanismos de protección y denuncia? Esa fue la interrogante que dividió opiniones dentro y fuera del Parlamento.
El proyecto señalaba que muchas empresas terminan declarando utilidades ficticias, ya que la ley no les permite deducir los montos entregados bajo amenaza. Sin embargo, sus críticos sostuvieron que la iniciativa no atacaba el problema de fondo: la impunidad del crimen organizado.
Mecanismos de control y supervisión tributaria
Para evitar el uso fraudulento del beneficio, el texto preveía que la SUNAT y el Ministerio Público supervisaran las declaraciones y sancionaran los casos de falsificación. Además, el Procurador de la SUNAT estaría facultado para presentar denuncias penales contra quienes intentaran abusar de la norma.
Según la exposición, la medida no interfería con el proceso penal ni con el deber de denunciar los delitos, sino que ofrecía una vía tributaria alternativa en contextos de riesgo. Pese a ello, diversos expertos consideraron que el proyecto desnaturalizaba el espíritu del Impuesto a la Renta al validar transacciones ilegales como gastos empresariales.
Reacciones políticas y retiro de la propuesta
Tras la difusión del contenido del proyecto, las críticas no tardaron en llegar. Desde sectores técnicos y políticos, se cuestionó que una bancada como APP, encabezada por César Acuña, impulsara una norma que podía “blanquear” pagos criminales y complicar la labor de fiscalización tributaria.
Ante el escándalo mediático, la bancada decidió retirar oficialmente el proyecto, comunicando al Congreso la decisión de dejar sin efecto el trámite parlamentario.
El retiro fue interpretado como un intento de controlar el daño político ante el rechazo generalizado. Hasta el cierre de esta nota, Luis Cordero Jon Tay no emitió declaraciones públicas sobre su iniciativa ni sobre las razones que motivaron el retiro.
Contexto legislativo y antecedentes
El planteamiento de APP se enmarca en un escenario donde el Congreso peruano ha discutido múltiples proyectos vinculados a la lucha contra la criminalidad organizada. Sin embargo, este caso destacó por la manera en que buscaba conciliar el derecho tributario con una realidad delictiva compleja.
No existían antecedentes legislativos similares recientes. Las propuestas sobre extorsión, hasta la fecha, se habían enfocado en endurecer las penas y fortalecer la investigación policial, no en ajustar normas tributarias. Por ello, el caso generó preocupación incluso en sectores del Ministerio de Economía y Finanzas, que veían riesgos de distorsión fiscal.
Una retirada con mensaje político
La retirada del proyecto dejó en evidencia las tensiones internas dentro del Congreso entre populismo legislativo y técnica jurídica. APP optó por desmarcarse de una propuesta que podía afectar su imagen pública a pocos meses de las Elecciones Generales de 2026.
Con ello, la bancada intenta recomponer su perfil ante el electorado y evitar que la medida sea interpretada como un guiño a la tolerancia frente a la criminalidad.
Un retroceso político y técnico
El episodio de la deducción tributaria por extorsiones deja varias lecciones. Por un lado, revela la desesperación de sectores empresariales golpeados por el crimen; por otro, muestra la necesidad de un debate técnico serio sobre políticas fiscales y seguridad.
El Congreso deberá ahora reenfocar su atención en reformas integrales contra la extorsión, sin abrir resquicios legales que puedan beneficiar a los delincuentes.
La bancada de APP, al retirar el proyecto, evita un desgaste mayor, pero deja sobre la mesa una pregunta clave: ¿cómo enfrentar la extorsión sin distorsionar el sistema tributario?