La Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó de manera expresa a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que proceda con la reincorporación inmediata de Patricia Benavides al cargo de fiscal suprema titular, tras haber cumplido la suspensión impuesta en su contra.
Mediante un oficio dirigido al Ministerio Público, la JNJ señaló que no existen impedimentos legales ni administrativos para restituir a Benavides en su puesto. Asimismo, cuestionó el retraso injustificado por parte del despacho fiscal, calificándolo como un incumplimiento reiterado de las disposiciones vigentes.
¿Qué solicita Patricia Benavides?
La exfiscal de la Nación envió también una comunicación formal exigiendo su reincorporación, tras conocer que la Junta había absuelto todas las consultas legales realizadas por la Fiscalía respecto a su situación.
En su escrito, Benavides subraya que la suspensión de 60 días ya fue cumplida en su totalidad y que continuar postergando su regreso al cargo vulnera sus derechos funcionales como fiscal suprema.
Su abogado defensor, el excongresista Jorge del Castillo, también respaldó públicamente su solicitud y alertó sobre las consecuencias legales del incumplimiento.
¿Qué respondió la JNJ?
En un pronunciamiento enfático, la JNJ dirigió un nuevo oficio a Delia Espinoza en el que reitera la orden de reincorporación y señala que la situación actual “constituye una lamentable afectación al principio de seguridad jurídica“.
La Junta sostiene que ya ha respondido todas las inquietudes legales del Ministerio Público y que la inacción compromete la institucionalidad y el respeto a las decisiones de los órganos constitucionales.
“Exhortamos al cumplimiento de la reincorporación en el día, conforme a ley”, enfatiza el documento oficial.
¿Qué consecuencias podría tener el desacato?
El retraso en cumplir con la disposición de la JNJ podría escalar en el ámbito legal e institucional. La Junta advierte que dilatar aún más la reincorporación sin causa legal válida podría acarrear responsabilidades para las autoridades del Ministerio Público.
Por ahora, se espera una respuesta inmediata de la fiscal de la Nación, quien deberá definir si acata el requerimiento o si persiste el conflicto institucional.
