La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República demandó al ministro de Justicia, Eduardo Arana, que tome medidas urgentes para resolver la crisis del sistema penitenciario. Los congresistas cuestionaron su falta de acción frente a la sobrepoblación y la inseguridad en los centros penitenciarios del país. Además, rechazaron la propuesta del ministro de liberar presos como solución al hacinamiento, argumentando que esta medida no resuelve los problemas de fondo.
El congresista Diego Bazán (RP) fue claro al señalar que, durante los 20 meses de gestión de Arana, no se ha inaugurado un nuevo penal ni se ha implementado un plan efectivo para combatir el crimen organizado en las cárceles. Bazán también criticó la falta de políticas contra el sicariato en los penales y advirtió que su bancada está preparando una moción de censura contra el ministro. Otros parlamentarios, como Américo Gonza Castillo (PL), pidieron una reforma integral del sistema penitenciario y un aumento en los salarios de los agentes penitenciarios, para prevenir la corrupción.
Durante la sesión, Arana presentó algunas medidas para mejorar el control en los penales. Anunció que, en respuesta a las más de 15,000 denuncias registradas por la Policía Nacional, se implementará un sistema de bloqueo en los 33 penales del país. También mencionó que se está trabajando en un reglamento para controlar las operadoras telefónicas en las cárceles, lo que permitirá un control más efectivo. Además, Arana aseguró que no se permitirá el ingreso de más reclusos en los penales con sobrepoblación.
A pesar de estos anuncios, varios congresistas insistieron en la necesidad de un enfoque más integral. Alejandro Muñante (RP) criticó la falta de gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas para obtener los recursos necesarios, mientras que Alejandro Cavero (Avanza País) destacó la propuesta de privatizar ciertos servicios de seguridad en los penales. El ministro Arana descartó la reapertura de los penales de El Frontón y El Cepa debido a los altos costos de inversión, y mencionó que los recursos deben destinarse a los centros penitenciarios existentes.
