El lunes 21 de octubre, a las 2 p.m., el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional dará el adelanto del fallo del caso Interoceánica y donde se sabrá si el expresidente Alejandro Toledo es hallado culpable de los delitos de lavado de activos y colusión por el Caso Interoceánica. La Fiscalía pide 20 años y 6 meses de prisión contra el exmandatario.
En este caso se han vito envueltos tres funcionarios que pertenecían al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos: Alberto Pasco-Font Quevedo, Sergio Bravo Orellana y Patrick Barclay ya fallecido.
Fiscalía pide 9 años de prisión por presunta colusión y la defensa técnica rechaza dicha pretensión y espera que ambos sean absueltos
Pasco-Font y Bravo ratificaron en el juicio oral que ellos no coludieron con Odebrecht sino más quien que la constructora brasilera “se quejaba de que no le hacíamos caso a sus modificaciones y que los estábamos perjudicando. Y lo han visto en la declaración del señor Barata que ‘las bases estaban mal hechas’. Mal hechas para ellos”.
Asimismo Pasco-Font, negó que haya concertado con los otros empresarios procesados como José Graña Miroquesada (exGraña y Montero), Hernando Graña Acuña (exGyM) y Fernando Castillo Dibós (ExICCGSA).
Por su parte, el otro exfuncionario de Proinversión Sergio Bravo Orellana aseguró que no hubo una insinuación por parte de Jorge Barata o de algunos de los representantes de Odebrecht. Esta misma versión ha sido declarada por los propios funcionarios de la constructora.
“Ha habido numerosas declaraciones de colaboradores eficaces que no conocen de ningún acuerdo de ilicitud que hayan tenido con nosotros o que se haya influenciado en alguna decisión”, señaló Bravo Orellana.
La situación en que se encuentran estos dos funcionarios ha despertado la indignación de varios personas que han circulado el siguiente comunicado:
“En marzo del 2017, la Fiscalía inició la investigación preparatoria por la supuesta colusión de Alejandro ex presidente Toledo y de los señores Alberto Pascó Font, Sergio Bravo y Patrick Barclay (fallecido) –miembros del comité de infraestructura y servicios públicos de Proinversión– con Odebrecht y empresas consorciadas para favorecerlos con la buena pro de la carretera Interoceánica en el año 2005. Durante el proceso de investigación, Jorge Barata, máximo funcionario de Odebrecht en el Perú durante el periodo investigado, declaró ante el fiscal José Pérez en Curitiba que no se había coludido con los funcionarios de Proinversión antes mencionados. Barata fue el testigo colaborador en cuyo testimonio se basó la acusación contra el ex presidente Toledo. A pesar de esto, en agosto del 2020, el fiscal Perez acusó de colusión y lavado de activos a los miembros del comité de Proinversión, Alberto Pascó Font y Sergio Bravo Orellana, solicitando nueve años de cárcel por ello. A pesar de no haber pruebas de colusión, se inició el juicio oral, que culminó el pasado 16 de octubre. ¿De qué se acusa a los referidos funcionarios de Proinversión? Se les imputa de haberse coludido con los representantes de Odebrecht, JJC e ICCGSA.
A lo largo del juicio oral se ha probado con el testimonio de los supuestos coludidos (la mayoría colaboradores de la Fiscalía) que: (i) no existió colusión con los miembros del comité de Infraestructura de Proinversión; y (ii) que no se les ha hecho entrega de alguna dádiva, pago o beneficio ilícito para ser favorecidos con la adjudicación del proyecto. Si se utilizan los testimonios de Jorge Barata y los colaboradores eficaces para inculpar al ex presidente Toledo, se deberían utilizar los mismos testimonios para absolver a Alberto Pascó Font y Sergio Bravo, quienes han sido arrastrados a este proceso injustamente por la fiscalía. Durante el juicio, la Fiscalía nunca les preguntó a sus colaboradores eficaces si se habían coludido con los señores Pasco Font y Bravo. La Fiscalía está forzando la figura de colusión porque otros crímenes como cohecho (coima) y asociación ilícita para delinquir ya prescribieron. Y para poder acusar de colusión al ex presidente Toledo arrastra a gente inocente acusando de supuestas irregularidades sin prueba alguna, más bien contra las pruebas que demuestran lo contrario. Durante cerca de siete años se ha arrastrado en este proceso a gente inocente y proba, mellando su honra y afectando sus posibilidades laborales y bienestar, desconociendo la evidencia en el caso. Invocamos al Poder Judicial a que detenga este abuso y falle de acuerdo con las pruebas directas presentadas en el caso”.
Entre los firmantes se encuentran: Roque Benavides, Alfredo Thorne Vetter, Miguel Castilla Rubio, Juana Kuramoto Castellano, Jaime Saavedra Chanduvi, Kurt Burneo Farfán, Pierro Ghezzi Solis, Elena Conterno Martinelli, Carolina Trivelli Ávila, Gianfranco Castagnola Zúñiga, Fernando Cilloniz Benavides, Adrián Revilla Vergara, Martha Chávez Passano, Claudia Cooper Fort, Enrique Felices Saavedra … siguen las firmas.