La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el excandidato presidencial Carlos Álvarez, por los presuntos delitos de acoso y coacción. La acción legal responde a las expresiones de connotación sexual que ambos formularon contra el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo.
El procurador público del JNE, Ronald Angulo, confirmó que el escrito fue presentado ante la Fiscalía de turno del distrito de Lurín. Según explicó, la denuncia comprende el delito de acoso, tipificado en el artículo 151-A del Código Penal, y el de coacción.
La decisión se tomó luego de que Álvarez retomara, durante una presentación pública del 24 de octubre, expresiones que López Aliaga había utilizado meses antes contra Burneo. Para la Procuraduría, la reiteración de estos comentarios excede los límites de la crítica legítima a una autoridad y podría afectar el ejercicio de sus funciones.
¿Qué dijeron López Aliaga y Carlos Álvarez contra el presidente del JNE?
Las declaraciones más recientes ocurrieron el sábado 24 de octubre, durante una actividad pública en Lurín. En el escenario, Carlos Álvarez reprodujo en tono de burla los comentarios que López Aliaga había dirigido anteriormente al titular del JNE.
«Rafael le quería meter morrocoy por el poto porque el poto de Burneo es un ánfora», expresó el comediante, mientras el exalcalde de Lima reía. En las imágenes difundidas en redes sociales también se observa la presencia de cinco niños que acompañaban a ambos en el estrado.
El episodio motivó un pronunciamiento del JNE, que cuestionó las expresiones por su connotación sexual y por haberse producido en un espacio público frente a menores de edad.
El antecedente de López Aliaga en abril de 2026
Las expresiones originales de López Aliaga contra Roberto Burneo se remontan a abril de 2026, cuando el entonces candidato presidencial de Renovación Popular exigió al titular del organismo electoral que declarara la nulidad de las elecciones.
En aquella ocasión, el líder político utilizó la referencia al «morrocoy» en una frase que fue interpretada por distintos sectores como una amenaza de agresión sexual.
El procurador Ronald Angulo sostuvo que la repetición de expresiones de esa naturaleza, esta vez por parte de otra persona, evidenciaría una conducta reiterada y no un hecho aislado.
¿Por qué el JNE presentó una denuncia por acoso y coacción?
Angulo explicó que la Procuraduría considera que los comentarios contra Burneo excedieron el margen de la discrepancia política. Asimismo, afectaron derechos como la integridad, la tranquilidad y la libertad personal.
«El derecho de uno termina donde comienza el derecho de otra persona», señaló el procurador al explicar la posición legal del organismo electoral.
También indicó que las expresiones podrían buscar condicionar las decisiones de Burneo como magistrado del JNE. En referencia a los pronunciamientos que deberá adoptar el tribunal electoral sobre los primeros regidores electos que fueron alcaldes en el periodo anterior.
Como parte de su argumentación, Angulo recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido una distinción entre la crítica legítima a los funcionarios públicos y las expresiones vejatorias que pueden vulnerar derechos fundamentales.
La denuncia fue presentada para que el Ministerio Público evalúe los hechos y determine si corresponde iniciar una investigación contra ambos denunciados.
¿Qué había dicho el JNE tras las expresiones de Carlos Álvarez?
Antes de la presentación de la denuncia penal, el JNE difundió un comunicado en el que rechazó las expresiones de Carlos Álvarez contra su presidente. La institución sostuvo que las discrepancias políticas y las críticas a las autoridades no justifican agravios personales ni manifestaciones que atenten contra la dignidad.
El organismo también advirtió que la reiteración de estas conductas contribuye a deteriorar el debate público y a normalizar el insulto como forma de confrontación política.
En ese pronunciamiento, anunció que pondría los hechos en conocimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Asimismo, comunicó que trasladaría el caso a su Procuraduría Pública para evaluar las acciones legales correspondientes.