La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso cerró su último periodo de sesiones con la aprobación de un informe que declara improcedente una denuncia constitucional contra el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, además de realizar una audiencia por otro proceso parlamentario y presentar el balance de su gestión correspondiente al periodo 2025-2026.
La sesión fue presidida por la congresista Lady Camones Soriano (Alianza para el Progreso).
Declaran improcedente denuncia contra Rodolfo Acuña
La denuncia atribuía al titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales, por no haber dispuesto la transferencia de recursos para el pago de la bonificación por alto riesgo destinada a efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que prestan servicios en zonas declaradas en estado de emergencia.
Sin embargo, el informe concluyó que la denuncia no cumplía con los requisitos establecidos, al considerar que el denunciante no era la persona directamente agraviada y que los hechos expuestos no configuraban el delito invocado.
Denuncia contra exministra quedó sin decisión
Durante la misma sesión también se debatió el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 716, presentada contra la exministra de Educación María Cuadros.
No obstante, la propuesta no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada, luego de registrar cuatro votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, por lo que el caso quedó pendiente de una nueva definición.
Audiencia por presunto tráfico de influencias
La subcomisión también realizó la audiencia correspondiente a la Denuncia Constitucional 375, formulada contra los congresistas Jorge Flores Ancachi, Elvis Vergara Mendoza y Dharwin Espinoza Vargas, investigados por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
Durante la diligencia, la defensa legal de los parlamentarios sostuvo que el procedimiento presentaría presuntos vicios de nulidad, argumentando que el Congreso ya había emitido un pronunciamiento previo sobre los mismos hechos mediante la Denuncia Constitucional 300, la cual fue archivada por el Pleno.
Más de 170 expedientes concluidos
Según informó, el grupo de trabajo administró cerca de 287 denuncias constitucionales y logró concluir más de 170 expedientes, lo que representa un avance superior al 60 % de la carga procesal.
Asimismo, detalló que durante el último año se aprobaron 145 informes de calificación, se emitieron 15 informes finales, además de desarrollarse 18 audiencias y 34 sesiones de trabajo.