La cuenta regresiva para el retorno de la bicameralidad ya comenzó. A pocos días de instalarse para el periodo legislativo 2026-2031, el Senado de la República tendrá un papel clave en el nuevo diseño del Congreso: revisar leyes, fiscalizar al Ejecutivo y participar en la elección de las principales autoridades del Estado.
Las funciones de la Cámara Alta están establecidas en el artículo 102-A de la Constitución y desarrolladas en el Reglamento del Senado, aprobado mediante la Resolución Legislativa del Congreso N.° 006-2025-2026-CR. El documento define cuatro grandes ejes de acción: función legislativa, control político, representación ciudadana y designación de altos funcionarios.
Un Senado que no podrá ser disuelto
Una de las principales novedades del nuevo esquema parlamentario es que el Senado no podrá ser disuelto. El artículo 3 de su reglamento establece que, si la Cámara de Diputados fuera disuelta conforme al artículo 134 de la Constitución, la Cámara Alta continuará funcionando con normalidad.
Durante ese eventual interregno parlamentario, el Senado mantendrá todas sus atribuciones constitucionales y conservará su presupuesto, personal y estructura administrativa.
Se trata de una de las diferencias más importantes respecto al modelo unicameral vigente desde 1992 y busca garantizar la continuidad del Poder Legislativo.
Revisión de leyes y proyectos
La principal tarea del Senado será revisar los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados.
En esa segunda instancia podrá aprobar, modificar o rechazar las iniciativas legislativas antes de su promulgación. Asimismo, tendrá competencia para presentar y aprobar proyectos de ley en las materias que la Constitución le reserva de manera exclusiva.
Con ello, el nuevo sistema busca incorporar una segunda evaluación técnica y política de las normas que apruebe el Congreso.
Fiscalización al Poder Ejecutivo
El reglamento también fortalece el rol de control político del Senado.
La Cámara Alta podrá convocar a ministros de Estado para que informen sobre la gestión de sus sectores, solicitar información a entidades públicas y supervisar los decretos de urgencia, decretos legislativos, tratados internacionales ejecutivos y las normas emitidas durante los estados de excepción.
Además, será la instancia encargada de debatir y resolver las acusaciones constitucionales aprobadas previamente por la Cámara de Diputados, conforme a los artículos 99 y 100 de la Constitución.
Elegirá a las principales autoridades del Estado
Otra de las competencias más relevantes será su participación en la designación de altos funcionarios.
El Senado elegirá al defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a tres integrantes del directorio del Banco Central de Reserva. También participará en la designación del contralor general de la República y ratificará tanto al presidente del BCR como al superintendente de Banca, Seguros y AFP.
Asimismo, tendrá la facultad de remover a estas autoridades cuando la Constitución así lo establezca.
Representación y vínculo con la ciudadanía
El reglamento también dispone que los senadores mantendrán una relación permanente con la ciudadanía para recoger demandas e inquietudes sobre asuntos de interés público.
En ese marco, podrán defender las posiciones políticas e ideológicas de las agrupaciones que representan, siempre respetando la Constitución, las leyes y los principios de la ética parlamentaria.
Con estas atribuciones, el Senado de la República volverá a funcionar después de 34 años, marcando el retorno de la bicameralidad en el Perú y una nueva etapa en la organización del Poder Legislativo.