Una nueva propuesta legislativa ha abierto el debate sobre el futuro del sistema penitenciario en el Perú. La congresista Ana Zegarra, del partido Somos Perú, ha presentado un proyecto de ley que propone permitir la participación de empresas privadas en la administración de los penales, con el objetivo de combatir el hacinamiento, mejorar el control interno y ofrecer condiciones más dignas a los reclusos.
La iniciativa establece que la gestión penitenciaria estaría a cargo de empresas privadas, sin dejar de lado las funciones esenciales como la rehabilitación, resocialización y eventual reinserción de los internos en la sociedad. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) seguiría cumpliendo un rol clave, encargándose de supervisar, vigilar y evaluar el desempeño de estas entidades.
Actualmente, el Perú enfrenta una crisis carcelaria profunda: más de 90 mil personas se encuentran privadas de libertad en un sistema diseñado para poco más de 40 mil. En ese contexto, el proyecto legislativo plantea que una administración privada permitiría aplicar estándares internacionales en áreas críticas como seguridad, salud, alimentación, educación y trabajo para los internos.
“El Estado debe modernizar su visión sobre la ejecución penal”, señala el documento, argumentando que el modelo actual ha demostrado ser insuficiente frente a problemas estructurales como la corrupción, el tráfico de influencias y las fallas en los programas de rehabilitación. Con este proyecto, se busca una transformación profunda del sistema penitenciario que priorice tanto el control como la reintegración efectiva de los internos.
