En sus primeras declaraciones oficiales como Presidente de la República, José María Balcázar marcó distancia de las políticas implementadas por su antecesor, el censurado José Jerí. El mandatario expresó su firme desacuerdo con la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), organismo que, según el Decreto Legislativo 1710, debía ser reemplazado por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).
Para Balcázar, cuya trayectoria profesional está ligada a la administración de justicia, la crisis del sistema carcelario peruano no se soluciona mediante la fusión de entidades. «El INPE pertenece a todo el sistema de justicia. Usted no puede tocar a un organismo independiente de los otros que se correlacionan», declaró para RPP, poniendo en duda la continuidad del proceso de transición hacia la Sunir.
El modelo Sunir: La herencia de la gestión Jerí
La creación de la Sunir fue uno de los últimos decretos de peso emitidos por el gobierno de José Jerí a inicios de febrero de 2026. El plan contemplaba la absorción del INPE, el Pronacej (centros juveniles) y el Pronapres en una sola superintendencia para combatir las limitaciones estructurales y la infiltración del crimen organizado en los penales.
Sin embargo, el actual jefe de Estado sostiene que el enfoque debe ser sistémico y no meramente administrativo. Balcázar argumenta que la problemática carcelaria requiere una labor articulada entre la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y la Policía Nacional, preservando la autonomía del ente rector de los penales.
Propuesta contra el hacinamiento: Reforma de Ley
Más allá de la estructura institucional, el presidente Balcázar identificó el hacinamiento como el síntoma más grave del sistema. En ese sentido, propuso que la solución no es un cambio de nombre del organismo, sino una reforma en el «paquete de leyes» que rigen el internamiento.
«Hay una cantidad inmensa de presos; tranquilamente se puede hacer una ley y evitar el hacinamiento», aseveró el mandatario, sugiriendo que su gestión priorizará medidas legislativas para desfogar las cárceles en lugar de continuar con la fusión que debía concluir en un plazo de 90 días. Esta postura abre un nuevo frente de debate con los técnicos que defendían la Sunir como una herramienta contra la corrupción en el sistema penitenciario.