Solo hizo falta una inferencia -no una certeza- del Equipo de Asesoramiento Inmediato de la Comandancia General de la Policía Nacional para concluir que el grupo policial que apoyaba al Equipo de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) cumplían la misma función. La lógica fue la siguiente: si la Diviac y el equipo policial que encabezaba el coronel PNP, Harvey Colchado, aplicaban la inteligencia como método de investigación, entonces había duplicidad de funciones.
Solo bastó un párrafo en un informe de tres hojas para llegar a esa conclusión.
El informe n30-2024-CGPNP/SEC-EQUASINM fue elaborado por el coronel PNP Miguel Ángel Zárate Páucar, jefe del equipo encargado de asesorar el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, el pasado 25 de abril, casi un mes después del allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte. El trámite que siguió fue veloz, al punto que en dos días, ya se tenía el andamiaje legal necesario para justificar la resolución que terminó disolviendo el grupo policial que apoyaba a los fiscales contra la corrupción del poder.
El mencionado documento recomendaba que el entonces ministro del Interior, Walter Ortiz, tome conocimiento de la supuesta duplicidad de funciones, esfuerzos y medios entre la Diviac y el grupo policial de apoyo al Eficcop para que reevalúe su creación y conformación.
El informe fue elevado al Ministerio del Interior (Mininter) el mismo 25 de abril. Ese mismo día, la Oficina General de Asesoría Jurídica del sector pide a la Comandancia General PNP que remita los informes técnicos y el dictamen legal que justifiquen la conformación del grupo policial que encabezó Colchado. Al día siguiente, el 26 de abril, se emite el informe legal n03-2024-SECEJE-PNP/DIRASJUR-SEC que concluye que la Dirección de Asesoría Jurídica de la Policía no emitió ninguna opinión legal que justifique la creación de dicho equipo de trabajo.
El experto en derecho policial, Stefano Miranda, explicó a CARETAS que esta deficiencia, que pudo haber sido regularizada, pero no se hizo.
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El 27 de abril, se emite el informe n196-2024-SECEJE-PNP/DIRPLAINS-DIVMDI en el que la División de Modernización y Desarrollo Institucional de la Policía señala que tampoco emitió opinión técnica para sustentar la creación del equipo policial de apoyo al Eficcop.
Este informe fue firmado por el coronel PNP, Óscar Arones Canova, a quien el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria del Callao impuso comparecencia restringida en setiembre del 2020 por estar investigado por el presunto direccionamiento en la compra de mascarillas y equipos de bioseguridad para la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) por S/ 2 000 000 a favor de la empresa Ka’linson Perú SAC.
Con los informes listos, el 8 de mayo la Comandancia General envía el oficio 081-2024-SECEJE-PNP/DIRASJUR-SEC a la Oficina General de Asesoría Jurídica del Mininter. En este documento se da cuenta de la “duplicidad” de funciones entre el grupo de apoyo al Eficcop y la Diviac y se informa que en los registros de la Policía no tienen el oficio 41-2022-FSC-EFICCOP-MP-FN, en el que se dispone la asignación de personal de la Policía a este equipo fiscal. Al día siguiente, el ministro Ortiz disuelve este grupo mediante resolución ministerial.
Miranda sostiene que para llegar a la conclusión de que había duplicidad de funciones y medios entre ambas dependencias policiales, se debió hacer una hoja de estudio de opinión en la que se traslade información objetiva sobre la eficiencia de dicha unidad.
Si bien, los reflectores apuntaron a Walter Ortiz como el responsable de la disolución del grupo policial de apoyo al Eficcop, el especialista indica que el encargado de disolver las unidades policiales es el comandante general Víctor Zanabria y que el equipo tuvo que disolverse vía resolución ministerial porque había sido creada con este mismo dispositivo legal.
Para el abogado Stefano Miranda, el titular de la Policía “está actuando de títere” de la presidenta Dina Boluarte para poder conservar su puesto, ya que a pesar de que el Congreso aprobó una ley que fija la permanencia de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía en dos años, esta no ha sido reglamentada.
“Si no hace una que -Dina Boluarte- quiera, se va”, comentó el experto.
Para Miranda, la consecuencia de la disolución de dicho equipo es que a partir de ahora, habrá supervisión para una unidad que tenía que ser independiente debido a que investiga casos de corrupción vinculados a personajes con poder político o económico.
También explicó que no había duplicidad en la asignación de recursos debido a que esto se ve en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Policía que se hace el año anterior. El exministro del Interior, Mariano González, también señaló que no había duplicidad de presupuesto, ya que este salía de lo ya fijado en la Diviac.