El Poder Judicial dictó una sanción que genera impacto tanto en el ámbito legal como en el político: el abogado Elio Riera Garro, actual vocero de Alianza para el Progreso (APP), fue suspendido de su profesión por tres meses. La medida fue emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima y notificada al Colegio de Abogados de Lima.
La sanción se produjo en el marco del proceso que involucra a Silvia Barrera Vásquez, exalcaldesa de Villa María del Triunfo, y a Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo. El tribunal consideró que Riera incurrió en afirmaciones falsas y presentó recursos sin sustento jurídico, afectando así los principios de veracidad y lealtad procesal.
¿Por qué fue sancionado Elio Riera?
El fallo judicial precisa que, durante una audiencia, el letrado sostuvo que “no se corrió traslado a las partes procesales” y que el juez había cerrado intempestivamente la causa. Dichas afirmaciones fueron consideradas contrarias a la verdad y atentatorias contra la imagen de imparcialidad del tribunal.
Asimismo, Riera presentó una recusación contra el magistrado del caso, la cual fue calificada de “jurídicamente insostenible” y “temeraria”. En su escrito, alegó que el fiscal había omitido pronunciarse sobre el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, el tribunal determinó que dicho argumento carecía de validez legal y que solo buscaba dilatar el proceso.
En palabras de la resolución, se trató de un intento de “desprestigiar la labor jurisdiccional”, lo que configura un quiebre grave de la ética profesional.
Un recordatorio sobre la ética en la abogacía
El tribunal subrayó que la labor de un abogado debe regirse por la probidad, honradez y veracidad, pilares establecidos en el Código de Ética del Abogado y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“El ejercicio de la abogacía es, como la medicina, una profesión que exige un juramento ético. La falsedad en un abogado no puede pasar inadvertida”, señaló la resolución, en un pronunciamiento que también advierte sobre una “crisis ética” en la práctica legal en el Perú.
En este sentido, el fallo busca no solo sancionar la conducta de Riera, sino también enviar un mensaje correctivo a la profesión: el éxito profesional no puede confundirse con la manipulación del sistema jurídico.
Consecuencias inmediatas en el caso Barrera-Pacheco
La suspensión trae repercusiones directas en el proceso seguido a Silvia Barrera, quien ahora deberá designar un nuevo abogado en un plazo de 24 horas. De no hacerlo, la justicia dispondrá que se le asigne defensa pública para garantizar la continuidad del juicio.
El tribunal también dejó a salvo el derecho de Barrera de denunciar a Riera ante Indecopi por un eventual servicio profesional deficiente, lo que podría derivar en una indemnización.
La sanción fue comunicada a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y se inscribirá en todos los órganos jurisdiccionales del país para impedir que Riera ejerza la defensa legal durante los tres meses de suspensión.
El impacto político en APP
La noticia no solo repercute en los tribunales, sino también en la arena política. Elio Riera es actualmente vocero y figura mediática de Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña. Su suspensión pone en cuestión la credibilidad de su rol como portavoz político, especialmente en un contexto donde la imagen pública de los partidos se encuentra bajo constante escrutinio.
Para APP, este episodio se convierte en un problema de imagen y de estrategia, pues la voz oficial del partido queda empañada por un fallo judicial que cuestiona su conducta ética. En un escenario político marcado por denuncias de corrupción, la sanción a su vocero podría ser utilizada por la oposición como un argumento para debilitar la legitimidad del partido en el Congreso y en la opinión pública.
El caso Riera muestra cómo una sanción judicial puede trascender los estrados y alcanzar la esfera política. Al ser suspendido por tres meses, el vocero de APP no solo enfrenta un golpe a su carrera profesional, sino que también compromete la imagen de un partido que busca consolidarse en un escenario político fragmentado.
El Poder Judicial envía, además, un mensaje claro: las faltas éticas de los abogados no pueden pasar inadvertidas, especialmente cuando están vinculadas a procesos de alto interés público como los relacionados con corrupción y tráfico de influencias.
