La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, exhortó al próximo gobierno de Keiko Fujimori a revisar las modificaciones introducidas a la Ley de Extinción de Dominio, al considerar que han debilitado la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y recuperar bienes de origen ilícito.
Durante la ceremonia por el séptimo aniversario del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, la magistrada sostuvo que los recientes cambios legislativos representan un retroceso en la política de persecución del patrimonio obtenido mediante actividades criminales.
Poder Judicial cuestiona normas calificadas como "procrimen"
Tello señaló que existe expectativa en el sistema de justicia de que el nuevo Gobierno evalúe las denominadas leyes "procrimen", entre ellas la reforma a la Ley de Extinción de Dominio.
"Hemos escuchado a la máxima autoridad que regirá los destinos del país que revisará estas normas. Esa es una esperanza que tenemos y desde ya se la trasladamos a la presidenta electa", expresó.
La magistrada sostuvo que los cambios normativos han reducido la eficacia de una de las principales herramientas utilizadas para afectar el patrimonio de las organizaciones criminales.
Cambios habrían afectado el decomiso de US$ 50 millones
La presidenta del Poder Judicial criticó especialmente la Ley N.° 32326, al señalar que condiciona la extinción de dominio a la existencia de una sentencia penal firme.
Según explicó, esta modificación desnaturaliza el carácter autónomo de este mecanismo jurídico y retrasa la recuperación de bienes vinculados con actividades ilícitas.
Como consecuencia, indicó, durante 2025 dejaron de extinguirse patrimonios ilegales valorizados en aproximadamente US$ 50 millones, afectando la lucha contra el lavado de activos, la corrupción, el narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado.
Advierten contradicción con estándares internacionales
Durante su discurso, Tello afirmó que la reforma se aparta de los principales instrumentos internacionales suscritos por el Perú para combatir el crimen organizado.
Mencionó la Convención de Viena (1988), la Convención de Palermo (2000), la Convención de Mérida (2003) y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueven mecanismos ágiles para recuperar activos de origen ilícito.
A su juicio, exigir una sentencia penal definitiva antes de aplicar la extinción de dominio debilita la capacidad del Estado para afectar las finanzas de las organizaciones criminales.
Más de S/ 735 millones recuperados para el Estado
Pese a las limitaciones legales, la presidenta del Poder Judicial destacó los resultados alcanzados por el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio desde su creación.
Indicó que hasta la fecha se han recuperado bienes y activos valorizados en más de US$ 215 millones, equivalentes a más de S/ 735 millones.
Estos recursos, explicó, corresponden a dinero, inmuebles y otros bienes vinculados con delitos como narcotráfico, minería ilegal, corrupción y crimen organizado, los cuales posteriormente son incorporados al patrimonio del Estado para financiar servicios públicos e infraestructura.
Reconocen al Perú como referente regional
Durante la ceremonia, el coordinador nacional del subsistema, Manuel Luján Túpez, destacó que el Perú se ha convertido en un referente internacional en materia de extinción de dominio.
El magistrado también informó que actualmente existen 24 órganos jurisdiccionales especializados en esta materia y que se proyecta crear nuevos despachos, incluido uno en Pataz, región golpeada por la minería ilegal y el crimen organizado.
Al evento asistieron representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Unión Europea y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
En resumen
El Poder Judicial considera que las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio han reducido la capacidad del Estado para recuperar bienes obtenidos ilícitamente. Con la llegada de un nuevo gobierno, la institución espera que estas reformas sean revisadas para fortalecer nuevamente la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos.