El Poder Judicial incorporó a la Procuraduría Pública como parte agraviada en la investigación contra el excongresista, Jorge del Castillo, quien está implicado en el caso Lava Jato por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
La medida se tomó debido a que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado dicho pedido, habilitando así a la Procuraduría a pedir una reparación civil a favor del Estado en el caso de que del Castillo y los otros involucrados sean declarados culpables.
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El Equipo Especial Lava Jato investiga al excongresista por el presunto financiamiento a la campaña política del expresidente, Alan García, que habría hecho la empresa brasilera Odebrecht en el 2006.
El también expremier del gobierno aprista es investigado por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, conforme al artículo 317 del Código Penal.