El Poder Judicial, vía Segundo Juzgado Constitucional de Lima, programó para el miércoles 12 de agosto una audiencia pública para revisar el hábeas corpus presentado a favor del expresidente Pedro Castillo. La defensa del exmandatario busca que se declare la nulidad de su condena por el caso del fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 y, como consecuencia, se ordene su excarcelación.
El recurso fue presentado por Walter Ayala, abogado de Castillo y exministro de Defensa durante su gobierno. La demanda plantea que existió una presunta afectación al derecho a la defensa dentro del proceso judicial que terminó con una sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.
Poder Judicial debatirá hábeas corpus de Pedro Castillo
La defensa legal de Pedro Castillo sostiene sus argumentos en un informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), documento que cuestionó la legalidad de la detención del exmandatario y señaló presuntas vulneraciones al debido proceso.
Walter Ayala presentó el recurso constitucional con el objetivo de que el Poder Judicial revise las decisiones adoptadas tras la crisis política del 7 de diciembre de 2022, fecha en la que Castillo anunció la disolución del Congreso y posteriormente fue detenido. La solicitud también busca dejar sin efecto la condena impuesta contra el expresidente.
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda presentada por la defensa, aunque esta decisión solo permite que el caso sea evaluado y no representa un pronunciamiento sobre el fondo del pedido de libertad.
Admiten participación de Castillo en audiencia
El Poder Judicial notificó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que Pedro Castillo pueda intervenir durante la audiencia programada para el miércoles 12 de agosto desde las 11:00 a. m. El exmandatario participaría mediante una plataforma virtual desde el penal de Barbadillo, en Ate, donde cumple su condena.
La audiencia permitirá que el juzgado constitucional escuche los argumentos de la defensa y evalúe los cuestionamientos planteados contra el proceso penal. Hasta el momento, el pedido de excarcelación se encuentra en etapa de revisión judicial y no existe una decisión que ordene su liberación.