El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fue "arbitraria" y recomendó al Estado peruano disponer su liberación, así como otorgarle una indemnización y otras medidas de reparación conforme al derecho internacional.
La conclusión forma parte de la Opinión 78/2025, aprobada el 14 de noviembre de 2025, luego de evaluar la información presentada por la parte denunciante y la respuesta del Estado peruano.
ONU recomiendaría la liberación de Pedro Castillo
En el documento, el Grupo de Trabajo sostuvo que la privación de libertad de Pedro Castillo vulneró el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Asimismo, instó al Estado peruano a adoptar medidas para remediar la situación del exmandatario.
"El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional", señala la opinión.
Además, recomendó realizar una investigación independiente sobre las circunstancias de la privación de libertad y adoptar las medidas correspondientes frente a las presuntas vulneraciones de derechos humanos identificadas en el caso.
¿Qué observaciones hizo el Grupo de Trabajo de la ONU?
El informe identifica diversas presuntas irregularidades durante el proceso seguido contra el expresidente.
Entre ellas, menciona la falta de acceso inmediato a un abogado de confianza tras su detención y sostiene que, durante el procedimiento de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, la defensa no contó con el tiempo ni los medios suficientes para preparar sus argumentos.
Respecto al proceso judicial, el Grupo de Trabajo concluyó que el tribunal que conoció el caso "no fue el competente y que tampoco se siguió el procedimiento adecuado", por lo que consideró que se vulneró el debido proceso.
Informe cuestiona la presunción de inocencia
Otro de los aspectos abordados en la opinión es la presunta afectación del derecho a la presunción de inocencia.
Según el Grupo de Trabajo, diversas autoridades realizaron declaraciones públicas que atribuyeron responsabilidad penal a Pedro Castillo antes de que existiera una sentencia judicial.
"Las autoridades del Perú se pronunciaron públicamente en una muy activa campaña estableciendo por adelantado el hecho de que el expresidente era culpable de delitos gravísimos (...)", indica el documento.
El informe sostiene que estas manifestaciones generaron un ambiente de presión política que pudo influir en la independencia de las autoridades encargadas del caso.
Asimismo, el Grupo de Trabajo consideró que, para este caso, el Ministerio Público no constituye una "autoridad judicial independiente".
Pedro Castillo cumple una condena por el intento de golpe de Estado
Actualmente, Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate.
En noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenó a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria constituye un pronunciamiento de ese mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y contiene recomendaciones dirigidas al Estado peruano.