PJ pide al TC que rechace demanda competencial que promueve el Congreso por suspensión de la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez

El Parlamento busca impedir que sus decisiones puedan ser controladas por la justicia pese a que la jurisprudencia del TC reconoce que los procedimientos de juicio político pueden ser sometidos a la revisión del sistema de justicia.

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El Poder Judicial (PJ), a través de su procuraduría pública, pidió al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, que declare improcedente la demanda competencial que impulsó contra ellos el Congreso de la República por haber concedido la medida cautelar que ordenó la reincorporación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Como se recuerda, en marzo la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima falló a favor de los magistrados suspendiendo la inhabilitación política de 10 años con la que el Congreso los había sancionado. El Legislativo consideró que el PJ estaba entrometiéndose en sus funciones, por lo que respondió presentando una demanda competencial ante el máximo ente interpretativo de la Constitución.

Pero a fines de abril, el TC suspendió la media cautelar que se le había concedido a Inés Tello y Aldo Vásquez, hasta que la Corte Suprema zanjara su situación. Por ello, los jueces fueron separados nuevamente de la JNJ.

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Con la demanda, el Parlamento pretende que el TC declare que el PJ no tiene competencias para intervenir en las decisiones que tomen haciendo uso de sus facultades “exclusivas y excluyentes” y además, buscan que la justicia no pueda controlar los acuerdos y resoluciones que aprueben.

También buscan que ningún juez del PJ, cualquiera sea su especialidad o rango, pueda emitir una resolución relacionada a las decisiones que el Congreso tome en los procedimientos de juicio político a altos funcionarios del Estado.

No obstante, en el escrito presentado por la Procuraduría del PJ se indicó que la sala constitucional era competente para conceder demandas de amparo contra actos parlamentarios. Asimismo, se hizo hincapié en que la jurisprudencia del TC indica que los procedimientos de juicio político pueden ser controlados judicialmente en lo que respecta al debido proceso.

Cabe señalar que Aldo Vásquez, uno de los magistrados que fue inhabilitado por el Congreso, presentó un petitorio para acreditarse como abogado y así, intervenir como tercero en esta controversia que enfrenta al PJ y al Parlamento Nacional.

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