La sesión será virtual, estará a cargo del juez Leodán Cristóbal Ayala y ha sido declarada inaplazable debido a la magnitud del expediente: más de 54 mil folios que contienen las pruebas, argumentos y observaciones de las partes procesales. En esta etapa, el juez deberá determinar si existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio oral, o si algunos de los acusados podrán beneficiarse con pedidos de archivo.
La fiscal Geovana Morí, integrante del Equipo Especial Lava Jato, es la responsable de sustentar la acusación, en la que solicita 35 años de prisión para Humala y Heredia por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.
¿De qué se acusa a Humala y Heredia en el caso Gasoducto?
El Ministerio Público sostiene que durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) se habrían favorecido a empresas vinculadas a Odebrecht en la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), un megaproyecto energético destinado a transportar gas natural desde Cusco hasta la costa sur.
Según la tesis fiscal, existieron irregularidades contractuales y presuntos pagos ilícitos para asegurar que el consorcio liderado por Odebrecht obtuviera la concesión. En ese proceso, habrían participado funcionarios de alto nivel y exministros como Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga y René Cornejo, quienes también enfrentan pedidos de condena que oscilan entre 9 y 35 años de cárcel.
La acusación incluye el cargo de asociación ilícita para delinquir, al señalar que se conformó una organización criminal desde el Estado para direccionar licitaciones en favor de la constructora brasileña, generando un perjuicio millonario al país y postergando el desarrollo energético del sur peruano.
Contexto: una cadena de escándalos de Odebrecht
El caso Gasoducto se suma a la lista de procesos derivados del escándalo Lava Jato, que destapó el pago de sobornos por parte de Odebrecht a cambio de grandes obras en América Latina. En el Perú, prácticamente todos los expresidentes desde 2001 han estado involucrados en investigaciones vinculadas a la constructora brasileña: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.
El Gasoducto Sur Peruano, adjudicado en 2014, representaba una inversión superior a los 7,000 millones de dólares. Sin embargo, tras el destape del caso Odebrecht y la falta de financiamiento, el proyecto fue cancelado en 2017, dejando al país sin la infraestructura energética prometida y con serios cuestionamientos de corrupción.
La situación legal actual de Humala y Heredia
El caso Gasoducto llega cuando Ollanta Humala y Nadine Heredia ya enfrentan un panorama judicial adverso. En abril de 2025, ambos fueron condenados a 15 años de prisión efectiva por lavado de activos, al demostrarse que recibieron aportes ilícitos de Odebrecht y de Venezuela para financiar las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y 2011.
Actualmente, el expresidente cumple condena en el penal de Barbadillo, en Ate, donde también estuvo recluido Alberto Fujimori. Su esposa, Nadine Heredia, se encuentra en Brasil, país que le otorgó asilo diplomático y donde ha radicado desde que se dictó la sentencia en su contra.
El inicio de este nuevo proceso podría agravar la situación de ambos, pues, de prosperar la acusación, enfrentarían una condena adicional que superaría las tres décadas de prisión.
¿Qué significa la audiencia de control de acusación?
El control de acusación es una etapa clave en el proceso penal peruano. En esta fase, el juez evalúa si la acusación fiscal cumple con los requisitos formales y si las pruebas presentadas son suficientes para abrir un juicio oral.
En el caso del Gasoducto Sur, las defensas de los acusados han presentado 11 solicitudes de archivo, argumentando falta de pruebas y violaciones al debido proceso. Será el juez Cristóbal Ayala quien decida si acepta esos pedidos o si todos los implicados deben responder ante un tribunal en la siguiente etapa.
Reacciones y repercusiones políticas
La noticia de la audiencia programada ha generado expectativa en el ámbito político y judicial. Algunos analistas sostienen que este caso será una prueba crucial para medir la capacidad del sistema de justicia de sancionar delitos de gran corrupción.
Además, el inicio del proceso contra Humala y Heredia coincide con un momento de alta tensión política en el país, donde el Congreso y el Ejecutivo enfrentan cuestionamientos por corrupción e inseguridad ciudadana. Para la opinión pública, la continuidad de los casos Lava Jato simboliza la deuda pendiente del Perú en la lucha contra la impunidad.
El caso Gasoducto Sur Peruano representa uno de los procesos judiciales más complejos en la historia reciente del país. Con más de 23 implicados, un expediente de 54 mil folios y la sombra de Odebrecht detrás, el Perú vuelve a enfrentar la necesidad de esclarecer la verdad sobre cómo se adjudicaron sus megaproyectos estratégicos.
Si el juez acepta la acusación fiscal, Ollanta Humala y Nadine Heredia podrían enfrentar un nuevo juicio que pondrá nuevamente en el centro del debate la relación entre política y corrupción en el país.