La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se pronunció sobre el informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR), el cual halló presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 10 funcionarios de la entidad por una serie de hechos relacionados con el proceso electoral del pasado 12 de abril.
A través de un comunicado, la ONPE informó que tomó conocimiento del Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE. Denominado “Proceso de Contratación del Servicio de Transporte y Distribución del Material y Equipos Informáticos Electorales de Lima Metropolitana y Callao en el marco de las Elecciones Generales 2026”.
Según indicó la institución, el documento señala presuntas responsabilidades vinculadas al proceso de contratación y distribución de materiales electorales.
“La ONPE ha tomado conocimiento del Informe de Control Específico (...) sobre los problemas que se presentaron el domingo 12 de abril en la ciudad de Lima”, señaló la entidad en su pronunciamiento oficial.
¿Qué medidas anunció la ONPE tras el informe de Contraloría?
La entidad informó que la Gerencia General dispuso acciones internas tras recibir el documento elaborado por la Contraloría.
“Al respecto, la Gerencia General de la ONPE ha encargado a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que, de acuerdo a sus competencias y a las normas que regulan la materia, solicite a los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el informe de control el deslinde de sus presuntas responsabilidades”, precisó.
Asimismo, detalló que el lunes 25 de mayo recibió formalmente el informe elaborado por la Contraloría.
“El lunes 25 de mayo, la ONPE recibió el informe de la Contraloría, cuya extensión es de 6578 hojas organizadas en 14 tomos”, agregó.
¿Qué halló la Contraloría en la ONPE?
De acuerdo con la Contraloría, las presuntas irregularidades habrían ocasionado retrasos y afectado el derecho al sufragio. Un total de 55.261 electores de Lima Metropolitana habrían sido perjudicados durante la primera vuelta de las elecciones.
El informe sostiene que funcionarios de distintas áreas habrían requerido la contratación del servicio de transporte de carga “con términos de referencia que no determinaban la cuantificación real de vehículos requeridos para el transporte de material y equipos informáticos electorales”.
La Contraloría también indicó que, durante la fase de selección, evaluadores habrían aplicado “un criterio que no estaba establecido en los términos de referencia”. Lo que permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a una propuesta económica superior.
Distribución tardía y afectación a miles de electores
Otro de los puntos señalados por el informe corresponde al traslado de equipos informáticos usados durante jornadas de capacitación para destinarlos al proceso electoral como contingencia.
Según la Contraloría, funcionarios realizaron una reprogramación de 43 rutas, que comprendían 553 locales de votación y 8261 mesas de sufragio, asignando tiempos de entrega de “tres horas y media a cuatro horas”, pese a que “se requería al menos ocho horas”.
De acuerdo con el documento, ello provocó la distribución inoportuna del material y equipos a 3605 mesas de sufragio. De las cuales 187 no fueron instaladas el día de la votación, lo que habría afectado a 55.261 electores.
Finalmente, la Contraloría recomendó iniciar acciones para determinar responsabilidades administrativas y penales, así como comunicar los hallazgos a las instancias correspondientes.
He sido cuidadosa de atribuir cada hallazgo a la Contraloría y cada respuesta a la ONPE, evitando presentar conclusiones como hechos confirmados. No añadí interpretaciones ni información fuera del material que compartiste.