La Contraloría General de la República (CGR) publicó el Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, en el que determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido un exjefe de la institución, por una serie de hechos detectados durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el pasado 12 de abril.
De acuerdo con el organismo de control, las irregularidades identificadas provocaron demoras en el proceso y afectaron el derecho al sufragio de 55.261 electores de Lima Metropolitana.
¿Por qué la Contraloría halló responsabilidades en funcionarios de la ONPE?
Según el informe, uno de los principales hechos observados corresponde a la contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos e implementos destinados al simulacro y sufragio.
La Contraloría señaló que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y de la Gerencia de Gestión Electoral requirieron el servicio con términos de referencia que “no determinaban la cuantificación real de vehículos requeridos para el transporte de material y equipos informáticos electorales”.
El organismo indicó que, pese a que se tenía conocimiento de una necesidad mínima de 68 vehículos propios y hasta un total de 400 unidades, el requerimiento no fue actualizado ni se consignó la cantidad real necesaria.
Informe advierte presunto favorecimiento indebido durante proceso de selección
Otro hallazgo consignado por la Contraloría está relacionado con la evaluación de postores durante el proceso de contratación.
Según el documento, evaluadores de la ONPE asignaron un puntaje menor a uno de los postores calificados “al aplicar un criterio que no estaba establecido en los términos de referencia”.
El informe precisa que se redujo en dos metros la longitud de vehículos ofertados, estableciendo un mínimo de capacidad de 10 metros cúbicos.
La Contraloría sostiene que esta situación “permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a una oferta económica que fue superior en S/ 168 148.19”.
Asimismo, el organismo indicó que los evaluadores consignaron información inexacta sobre la capacidad de carga de seis vehículos del postor ganador.
Según el informe, esto permitió otorgarle “un puntaje que no le correspondía”, pese a que la oferta presentada era superior en S/ 469.404,09 respecto al postor que, de acuerdo con el documento, debió resultar adjudicado.
Contraloría señala uso mayoritario de vehículos de terceros
El informe también refiere que el proveedor ganador brindó el servicio utilizando 437 vehículos de terceros, equivalente al 92 % del total empleado, y solo 40 vehículos propios, es decir, el 8 %.
De acuerdo con la Contraloría, esta situación “se originó por el accionar irregular de los evaluadores designados para la fase de selección”.
¿Cómo se afectó el derecho al voto de 55.261 electores?
La Contraloría también identificó observaciones relacionadas con la distribución de equipos informáticos electorales.
Según el informe, funcionarios de la Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica, Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, Subgerencia de Producción Electoral y Gerencia de Gestión Electoral “solicitaron y permitieron el traslado de equipos informáticos electorales” utilizados previamente en una jornada de capacitación realizada el 5 de abril de 2026.
El organismo sostiene que dicho traslado se realizó “sin efectuar las gestiones necesarias para cubrir la demanda de equipos y sin realizar ninguna observación”, pese a tener conocimiento de la afectación al cronograma del Plan Operativo Electoral.
Además, el informe señala que el 11 de abril, a las 16:28 horas, se efectuó la reprogramación de 43 rutas que comprendían 553 locales de votación con 8261 mesas de sufragio e involucraban a 2.453.791 electores.
Según la Contraloría, en cada ruta se consignó un tiempo de entrega de entre tres horas y media y cuatro horas, “cuando en realidad se requería al menos ocho horas”.
El organismo concluyó que estas acciones generaron una “distribución inoportuna” de material y equipos informáticos electorales a 3605 mesas de sufragio.
Además, el informe señala que 187 mesas no fueron instaladas el día de la votación en Lima Metropolitana, afectando el derecho al sufragio de 55.261 electores.
Prestaciones adicionales aumentaron hasta en 900 %, según informe
Otro hallazgo está relacionado con prestaciones adicionales aprobadas entre el 7 y 9 de abril de 2026.
La Contraloría determinó que funcionarios de diversas áreas tramitaron y aprobaron prestaciones adicionales por S/ 650.205,94 “sin sustento técnico y legal que justifique que resultaban indispensables y necesarias para alcanzar la finalidad pública del contrato”.
Como parte de estos cambios, el informe señala que se aprobó la variación del precio unitario para el servicio de repliegue de equipos informáticos desde S/ 0,60 por kilogramo hasta S/ 6,00 por kilogramo.
Según la Contraloría, ello representó “un incremento de 900 % respecto del contrato principal”.
¿Qué recomendó la Contraloría?
Finalmente, el organismo recomendó al titular de la ONPE realizar acciones para el deslinde de responsabilidades de funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos observados.
Asimismo, recomendó que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inicie las acciones penales correspondientes y comunicó los hallazgos a la Junta Nacional de Justicia para que adopte las medidas que considere pertinentes.