En un giro inesperado, Marita Barreto, hasta hace poco coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), ha emprendido una acción legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras ser removida de su cargo. Este movimiento se produce apenas horas después de presentar acusaciones contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El abogado constitucionalista Luciano López reveló la medida cautelar a través de su cuenta de Twitter, señalando que su propósito principal es resguardar la vida e integridad de Barreto, especialmente tras su apartamiento de una investigación crucial relacionada con una presunta organización criminal en la cúpula del Ministerio Público.
El documento presentado ante la CIDH detalla las supuestas infracciones contra los derechos constitucionales de Barreto, centrándose en la necesidad de preservar su independencia como representante del Ministerio Público. La medida cautelar, presentada en la mañana del miércoles 29 de noviembre, busca, entre otras cosas, asegurar que la estabilidad reforzada de los fiscales se mantenga, considerando la naturaleza crucial de sus funciones.
Este episodio legal agrega un nuevo capítulo a la creciente controversia en el ámbito judicial, generando interrogantes sobre la independencia de los fiscales en el ejercicio de sus funciones y el respeto a los derechos fundamentales en el sistema legal.
