El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, consideró que los pedidos de nulidad presentados por Juntos por el Perú para anular 1.751 mesas de sufragio en Lima y 647 en Estados Unidos no tendrían sustento suficiente si no están acompañados de pruebas concretas de irregularidades.
En entrevista con Canal N, señaló que la sola sospecha de fraude o los resultados desfavorables para una organización política no constituyen una causal válida para invalidar actas o mesas de votación.
Sin pruebas no procede la nulidad de mesas
Cucho explicó que para que un pedido de nulidad sea admitido debe demostrarse la existencia de una falta de carácter administrativo dentro del proceso electoral.
“El Jurado Nacional de Elecciones tiene que verificar que efectivamente se cometió una falta”, indicó.
Añadió que las denuncias de fraude deben estar respaldadas por evidencia sólida, algo que —según afirmó— no se ha presentado en este caso.
“Es un decir, pero no hay una prueba efectiva”, sostuvo.
Reglas electorales y requisitos establecidos
El exfuncionario recordó que las tasas y requisitos para presentar apelaciones forman parte de las reglas del proceso electoral y son conocidas por todas las organizaciones políticas desde el inicio.
Precisó que estas disposiciones buscan evitar la presentación de recursos sin sustento que puedan retrasar la proclamación de resultados.
En ese sentido, señaló que los partidos deben cumplir con todos los requisitos establecidos al momento de presentar sus solicitudes.
Rendición de cuentas por financiamiento de apelaciones
Sobre la campaña de recaudación de fondos impulsada por Juntos por el Perú para financiar las apelaciones, Cucho advirtió que el partido deberá presentar una rendición de cuentas detallada ante los organismos correspondientes.
“Tiene que haber una rendición de cuenta con nombres y apellidos, DNI y dirección de todos los aportantes”, precisó.
Evaluación de los plazos electorales
Cucho indicó que los Jurados Electorales Especiales continúan evaluando los recursos presentados y que posteriormente podrían ser revisados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en segunda instancia.
Señaló que no es posible establecer plazos exactos para la resolución del proceso, aunque destacó la experiencia de las autoridades electorales para manejar este tipo de casos.
Recordó que en las elecciones de 2021, la resolución de controversias postelectorales tomó alrededor de 43 días tras la segunda vuelta.